Funcionario de la Registraduría vinculado a tráfico de migrantes
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación en contra de José María Romero Ortega, un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por presuntos vínculos con una red de tráfico de migrantes. Ortega, quien trabaja en El Carmen de Bolívar, ha sido imputado con los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático, aunque él no aceptó los cargos en su contra.
Según las autoridades, Romero Ortega habría utilizado su acceso a las bases de datos de la Registraduría para facilitar el trámite de documentos fraudulentos a ciudadanos extranjeros. La red delictiva buscaba que estas personas, principalmente provenientes de República Dominicana, pudieran obtener registros civiles colombianos falsificados y, de esta manera, simular su nacionalidad. Esto les habría permitido viajar sin mayores obstáculos hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales.
La investigación, que ha contado con la colaboración de Migración Colombia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha llevado a la judicialización de tres personas. Además de Romero Ortega, fueron detenidos Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes Sining, quienes también enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público.
Según los informes de la Fiscalía, la red operaba entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, realizando trámites fraudulentos en diversas registradurías del país, incluyendo las ubicadas en Cartagena, El Carmen de Bolívar, Valledupar, Montería, Sincelejo y Leticia. Puentes Sining, señalado como el líder de la organización, habría sido responsable del transporte de los migrantes y de garantizar que pudieran pasar los filtros migratorios en los aeropuertos.
Por el momento, Puentes Sining y Villar Pedrozo permanecen en prisión mientras continúan las investigaciones. En el caso de José María Romero Ortega, aunque no se le ha impuesto ninguna medida de aseguramiento, su situación sigue siendo parte de la investigación judicial en curso.



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