Urabá prohíbe ingreso de lanchas con migrantes deportados de Panamá

En un intento por frenar la creciente crisis humanitaria y de salud pública que se vive en las poblaciones costeras del Urabá antioqueño y chocoano, autoridades locales decidieron prohibir el ingreso de lanchas y embarcaciones que transporten migrantes deportados desde Panamá.

La medida fue adoptada durante un encuentro celebrado en Acandí, Chocó, luego de que se evidenciara un represamiento de migrantes en Capurganá, lo que ha generado preocupaciones sanitarias y sociales en la zona.

La alerta fue encendida por la Personería de Necoclí, que denunció recientemente el uso de vehículos de carga para retornar a migrantes desde el país canalero, en condiciones precarias, dejándolos a la deriva en las costas del Golfo de Urabá.

A través de un comunicado, el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte) anunció que no se permitirá el ingreso de transportadores, guías ni representantes de instituciones extranjeras que trasladen migrantes hacia el territorio colombiano. En caso de que esta directriz sea incumplida, las autoridades locales procederán con sanciones.

“Ya se está notificando a Panamá que queda suspendido el ingreso de lanchas a Capurganá. A partir de mañana, toda lancha que llegue con migrantes será decomisada”, advirtió Emigdio Pertuz Buendía, representante legal de Cocomanorte.

Pertuz también explicó que las deportaciones se estarían realizando mediante embarcaciones privadas, y no bajo responsabilidad directa del gobierno panameño. Estas lanchas, en su mayoría, cobran entre 20 y 25 dólares por pasajero, mientras que aquellos que no pueden pagar, se ven obligados a cruzar la selva por rutas clandestinas, pagando tarifas menores a grupos que coordinan estos pasos.

Ante este escenario, Cocomanorte ha propuesto establecer un corredor humanitario por un sendero ya acondicionado, que permitiría el paso controlado de migrantes deportados, como parte de un acuerdo binacional entre Colombia y Panamá.

Finalmente, la organización comunitaria pidió la intervención urgente de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad, la Fiscalía y Migración Colombia, además del acompañamiento de los gobiernos locales, para garantizar el cumplimiento de estas restricciones y brindar soluciones humanitarias a esta situación creciente.

FOTO: Armada de Colombia