Corte Suprema impide a Trump bloquear $2,000 millones en ayuda exterior

En una decisión ajustada de 5-4, la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la solicitud de emergencia presentada por la Administración de Donald Trump para mantener congelados cerca de 2,000 millones de dólares en fondos destinados a la ayuda exterior. Esta decisión allana el camino para que los recursos sean finalmente desembolsados a contratistas que han trabajado con el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras haber enfrentado retrasos en los pagos debido a una orden ejecutiva impuesta por el expresidente.

El fallo del tribunal superior ratifica la orden de un juez de distrito, Amir Ali, quien había instruido previamente al Gobierno para liberar los fondos retenidos. El Departamento de Justicia intentó detener esta medida argumentando que el Ejecutivo no estaba en condiciones de cumplir con la fecha límite impuesta para la distribución de los recursos. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el caso debe continuar su curso en tribunales inferiores y que Ali tiene la responsabilidad de precisar los plazos y condiciones para la ejecución de su orden.

Impacto en proyectos internacionales

El congelamiento de estos fondos ha afectado significativamente diversos proyectos humanitarios y de desarrollo en el extranjero. Entre las iniciativas perjudicadas se encuentran la instalación de sistemas de riego y bombeo de agua en Ucrania, la modernización de infraestructuras hidráulicas en Lagos (Nigeria), el abastecimiento de equipamiento médico en Vietnam y Nepal, así como programas de lucha contra la malaria en países africanos como Kenia, Uganda, Ghana y Etiopía.

Mientras tanto, la Administración Trump ha seguido adelante con su estrategia de reducir el presupuesto y la estructura de USAID, con la eliminación de miles de programas por un valor estimado de 60,000 millones de dólares. Aunque estas medidas también han sido objeto de controversia y demandas legales, la solicitud ante la Corte Suprema se centró exclusivamente en los 2,000 millones de dólares que ya habían sido asignados a contratistas y cuyo pago se encontraba en disputa.

División en la Corte y reacciones

La decisión de la Corte Suprema generó desacuerdos entre los magistrados. Cuatro jueces conservadores –Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh– expresaron su disconformidad con la negativa del tribunal a intervenir en el caso. En su opinión, el juez Ali no tenía la autoridad para obligar al Gobierno a desembolsar una suma tan considerable de fondos públicos sin mayores restricciones. En contraste, la mayoría de la Corte concluyó que la cuestión debía resolverse en instancias inferiores y que la Administración debía cumplir con los procedimientos establecidos.

Los demandantes, compuestos por organizaciones sin ánimo de lucro y empresas que han trabajado con USAID, insisten en la urgencia de la liberación de los fondos. Según sus abogados, la falta de pago ha obligado a numerosas organizaciones a despedir personal y ha puesto en riesgo la seguridad de trabajadores en países conflictivos, como Ucrania, Georgia y Nigeria. En algunos casos, se han reportado despidos masivos y dificultades legales por incumplimientos contractuales derivados del retraso en los pagos.

La Procuradora General en funciones, Sarah Harris, defendió la posición del Gobierno ante la Corte Suprema, argumentando que la Administración está comprometida a cumplir con los pagos legítimos, pero que el juez Ali no tenía la autoridad para dictar órdenes específicas sobre la distribución de los fondos. A pesar de ello, los demandantes aseguran que la Administración Trump ha incumplido deliberadamente la orden de Ali durante semanas y han solicitado que la justicia intervenga para evitar mayores daños.

Próximos pasos en el litigio

Con la negativa de la Corte Suprema a frenar la orden del juez Ali, el caso continuará desarrollándose en los tribunales de distrito, donde se espera que se definan los plazos y condiciones específicas para la liberación de los fondos. Mientras tanto, los programas afectados siguen enfrentando incertidumbre y sus beneficiarios, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, esperan que los recursos finalmente sean distribuidos conforme a lo estipulado en los contratos originales.