Demanda contra el Gobierno por omitir publicación de contratos de paz total

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda contra la Presidencia de la República (DAPRE) y la Fiduprevisora por no cumplir con la obligación de publicar los contratos relacionados con la ejecución de recursos para la paz en el marco de la política de paz total. Según la Fundación para el Estado de Derecho, esta omisión contraviene la Ley 2272 de 2022, que exige la publicación total de la actividad contractual dentro de los diez días siguientes a su creación, garantizando así el control social sobre los recursos utilizados en las negociaciones y acuerdos de paz.

La Ley 2272 de 2022, en su artículo 17, establece que todos los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales deben ser publicados en plataformas oficiales como el SECOP II, independientemente del régimen de contratación. Esta ley tiene como objetivo asegurar que los ciudadanos puedan acceder a la información sobre cómo se utilizan los fondos públicos, particularmente en áreas sensibles como las negociaciones de paz.

Sin embargo, el informe de la Fundación para el Estado de Derecho indica que, a pesar de las disposiciones legales, los contratos y documentos relevantes no están siendo publicados en los sistemas oficiales. La entidad constató que no se encuentran disponibles documentos clave, como las “convocatorias públicas”, las propuestas de los oferentes, informes de cumplimiento y supervisión, o incluso las actas de liquidación de los contratos adjudicados, entre otros.

La situación empeoró cuando, en junio de 2023, la Fiduprevisora adoptó un procedimiento que permitía omitir la publicación de ciertos documentos contractuales, especialmente en el caso de la contratación directa relacionada con el Fondo Colombia en Paz. Posteriormente, en octubre de 2023, el DAPRE emitió lineamientos similares para el Fondo Especial para la Paz, que también contravienen lo estipulado por la ley, permitiendo la publicación solo de algunos documentos seleccionados y en tiempos no establecidos por la normativa.

Este incumplimiento motivó a la Fundación para el Estado de Derecho a presentar una demanda en agosto de 2024, exigiendo el cumplimiento estricto de la ley y la publicación completa de los documentos dentro del plazo establecido de 10 días. Andrés Caro, director de la Fundación, destacó que la publicación de los contratos no es opcional, sino una obligación del Gobierno, que debe garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre cómo se gestionan los recursos públicos en un tema tan crucial como lo es la paz.

“Es fundamental que el Gobierno respete el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se orienta la contratación pública, especialmente cuando se trata de recursos destinados a la paz, para asegurar que se actúe con transparencia y en cumplimiento de los principios de publicidad que rigen al Estado de Derecho», aseguró Caro.

Este proceso judicial tiene una gran relevancia en el contexto actual, dado que la política de paz total ha sido una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro. La sociedad y las organizaciones civiles esperan que esta demanda impulse cambios que aseguren una mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a la paz y refuercen la confianza en las instituciones encargadas de implementar estos acuerdos.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas en la administración pública y la necesidad de que se respeten las leyes que buscan garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en temas de interés público.