Gregorio Eljach se posesionó como Procurador y delineó su plan de gestión

Este jueves, Gregorio Eljach asumió oficialmente como Procurador General de la Nación, reemplazando a Margarita Cabello Blanco en el cargo. Durante su primer discurso como cabeza del Ministerio Público, Eljach compartió sus principales líneas de acción para su gestión y abordó temas clave, como la facultad de la Procuraduría para sancionar funcionarios electos por voto popular.

Eljach comenzó su intervención agradeciendo a su antecesora, Margarita Cabello, de quien destacó su colaboración durante el proceso de transición y el informe de empalme que preparó con su equipo.

En su discurso, el nuevo procurador expresó que su gestión se centrará en promover el diálogo y la construcción de consensos en la sociedad. 

«Durante estos cuatro años, lideraré una Procuraduría que sea pro-diálogo, pro-libertad, pro-democracia y que ayude a sanar las heridas sociales de Colombia», afirmó el funcionario. 

Los compromisos

Además, se comprometió a priorizar la presencia en las regiones apartadas y a reforzar la protección de la infancia, mediante visitas regionalizadas que busquen fortalecer la atención a comunidades vulnerables.

Eljach también se refirió a la polémica facultad de la Procuraduría para sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, una competencia que fue cuestionada en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En este sentido, el procurador explicó que la decisión de la Corte tiene el propósito de evitar que los órganos de control «distorsionen los procesos electorales». 

Sin embargo, destacó que este mecanismo sigue siendo crucial en la lucha contra la corrupción. «En buena parte de las manifestaciones más grandes de corrupción involucran a funcionarios de elección popular a nivel nacional, departamental, distrital y municipal», destacó.

Eljach advirtió que una aplicación estricta de la sentencia podría interpretarse negativamente como un obstáculo para la lucha contra la corrupción, pero aseguró que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han realizado avances importantes para evitar ese vacío legal. 

Asimismo, se comprometió a trabajar en conjunto con las altas cortes, el Congreso, la academia, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para buscar respuestas estructurales a estos desafíos.