¿Corrupcion en SATENA? La entidad estaría bajo investigación por el manejo de algunos contratos millonarios

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido un fallo en contra de la empresa estatal Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. (SATENA) por incumplir con su obligación de publicidad y transparencia en su actividad contractual.

La decisión surge a raíz de una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), que evidenció la falta de carga de documentos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

El Tribunal ordenó que SATENA publique, dentro de un plazo máximo de dos meses, todos los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratistas, contratantes, supervisores o interventores de sus procesos de contratación en la plataforma SECOP II. Esta orden busca garantizar el acceso público a la información contractual, conforme a lo estipulado por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 2195 de 2022, que exige a las entidades con régimen contractual excepcional publicar los documentos relacionados con su actividad contractual.

A pesar de que SATENA había asegurado cumplir con la ley, el Tribunal determinó que no era cierto, pues no se cumplía con la carga total de documentos exigidos. Según el fallo, “SATENA incumplió el mandato imperativo consagrado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022”.

La Procuraduría, que apoyó la demanda, también consideró que SATENA no había cumplido con su obligación de publicar la información completa, al faltar documentos clave como los estudios previos, el contrato, los informes de ejecución, las garantías y los certificados de cumplimiento del servicio, entre otros.

La Fundación FEDe. Colombia presentó ejemplos que muestran cómo, aunque existen algunos registros en SECOP II, muchos expedientes contractuales no están completos. Por ejemplo, en un contrato publicado en 2024 para la adquisición de una aeronave ATR 42-600 por un valor de $70.840.170.000, solo están disponibles el certificado presupuestal y la primera página del contrato. Similarmente, en un contrato de 2023 para el suministro de combustible JET-A1 por $20.567.863.606, solo se encuentra el contrato y el otrosí.

Aunque no se han presentado indicios de corrupción en estos contratos, FEDe. Colombia destacó que la ausencia de información pública impide a la ciudadanía ejercer su derecho constitucional y legal de conocer cómo se gestionan los recursos públicos. La Fundación reitera que este derecho está estrechamente vinculado a los principios de transparencia, publicidad y control del poder público, esenciales para el Estado de Derecho.