Tutelas por salud en Colombia superan el millón: crecen reclamos por demoras en citas y medicamentos

Según datos de la Corte Constitucional, entre enero de 2022 y agosto de 2025 se han presentado más de 1 millón de acciones de tutela vinculadas al derecho a la salud. Este crecimiento refleja la persistencia de barreras en el acceso a servicios médicos, demoras en atención y fallas en la provisión de fármacos.

Principales causas de tutela

Los reclamos judiciales se concentran en varias categorías:

• Práctica oportuna de procedimientos médicos (31,2 %)
  
• Entrega de medicamentos o insumos (30,83 %)
  
• Asignación de citas médicas (23,26 %)
  Otros reclamos incluyen tratamientos integrales, transporte para atención, continuidad del servicio, diagnóstico y afiliaciones.

Las autoridades han identificado 584 tipos de medicamentos con dificultades de entrega en diferentes regiones del país, entre ellos fármacos para diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas y salud mental.
Además, la Superintendencia de Salud registró un aumento de quejas: cerca de 374.899 reclamos por falta de acceso a medicamentos en el periodo enero-agosto de 2025. Para comparar, en 2022 los reclamos fueron 177.878; en 2023: 195.736; en 2024: 320.433.

Implicaciones para el sistema de salud

El uso masivo de tutelas evidencia que muchos ciudadanos recurren a mecanismos judiciales para avanzar en servicios que deberían ser garantizados por el sistema. Esto revela:

• Falta de respuesta institucional frente a necesidades médicas urgentes
  
• Ineficiencias estructurales en la cadena de prestación de servicios y suministro de insumos
  
• Disparidad territorial: las zonas rurales y apartadas suelen tener más barreras para acceder al sistema
  
• Un costo financiero, administrativo y legal elevado para el sistema público
  

La Corte Constitucional ya ha emitido autos de seguimiento que señalan el bajo cumplimiento de medidas ordenadas al Estado para mejorar la prestación efectiva del derecho a la salud.

¿Qué esperar?

• Que el Ministerio de Salud, las EPS y las entidades territoriales agilicen los procesos internos de autorización, suministro y contratación.
  
• Que haya un monitoreo público más riguroso de las tutelas relacionadas con salud, con datos desglosados territorialmente.
  
• Que se fortalezca el acceso a servicios básicos de salud, especialmente en regiones con menores recursos.
  
• Que se revise el cumplimiento de sentencias constitucionales que ordenan mejoras estructurales, no solo parches temporales.

La meta debería ser que la tutelación no sea la regla para acceder a servicios de salud esenciales, sino una excepción cuando el Estado no cumpla.

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