Petrismo propone nueva consulta para blindar reforma a la salud frente al Congreso
El presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico han puesto en marcha estrategias políticas, incluyendo la posibilidad de convocar una nueva consulta popular, para evitar que la reforma a la salud sea bloqueada o diluida en el Congreso de la República. El llamado se dirige especialmente a los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con quienes ya existen diálogos, pero con la advertencia de que, si no firman por el proyecto, se acudirá al respaldo popular.
Plazoletazo
Desde la Casa de Nariño también se alista un “plazoletazo” una concentración pública en plazas, frente a sedes del Congreso u otros espacios públicos, para visibilizar respaldo ciudadano al proyecto de salud. Las bases políticas del Pacto Histórico han sido convocadas para estar listas ante cualquier eventualidad. En paralelo, los diálogos con senadores ya iniciaron, aunque el equipo del presidente no descarta volcarse a las calles si la iniciativa enfrenta frenos mayores.
Mecanismo de consulta popular: alternativa política y electoral
La posibilidad de una consulta popular es vista por el oficialismo como un recurso político y electoral clave. Si el Congreso decide no aprobar la reforma o modificarla sustancialmente, Petro y sus aliados podrían llevar la discusión al terreno ciudadano, apelando a la legitimidad que da la votación directa.
Riesgos, críticas y desafíos institucionales
- Presión sobre legisladores: Algunos críticos advierten que la estrategia apela a la presión política y al riesgo de polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo.
- Límites constitucionales: Una consulta no puede violar los límites de competencias establecidas en la Constitución; no todos los puntos de la reforma podrían someterse directamente a consulta popular sin ajustes legales.
- Capacidad de movilización: Para que la consulta tenga peso político, se requiere movilizar un soporte amplio y diverso, más allá de la militancia del Pacto Histórico.
La reforma a la salud es uno de los ejes principales del gobierno de Petro, y su eventual bloqueo o modificación drástica podría debilitar su agenda social. La estrategia de acudir a mecanismos de participación directa revela que el Ejecutivo confía en que los ciudadanos pueden actuar como árbitros en esta disputa política. Si esta iniciativa se concreta, marcaría un precedente de cómo el poder local y el Gobierno nacional pueden usar las consultas populares frente a crisis legislativas.
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