Petro pide ante la ONU procesar penalmente a Trump por ataques en el Caribe

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Gustavo Petro lanzó una petición sin precedentes: que se abra un proceso penal internacional contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, y otros funcionarios de Estados Unidos por ordenar ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe. En su discurso, acusó que esas acciones habrían causado la muerte de jóvenes inocentes que no integraban redes criminales como se ha afirmado.

Según Petro, los ataques fueron presentados por Washington como parte de acciones antinarcóticos, pero en su opinión esas justificaciones ocultan una política de violencia contra pueblos vulnerables. “Los jóvenes asesinados … no eran del Tren de Aragua ni de grupos armados, eran caribeños, posiblemente colombianos”, afirmó. Esa es la base de su exigencia de rendición de cuentas penal.

Este pronunciamiento se da tras varias incursiones estadounidenses en embarcaciones que habrían sido identificadas como seguidas del narcotráfico desde Venezuela hacia aguas del Caribe. El gobierno de Trump ha defendido esos operativos como legítimos, mientras Colombia los cuestiona como excesivos y contrarios al derecho internacional.

La respuesta diplomática no tardó: parte de la delegación estadounidense abandonó la sala durante las declaraciones de Petro. Así mismo, medios internacionales han recogido este episodio como señal de una escalada significativa en las tensiones entre Colombia y Estados Unidos.

Implicaciones legales y diplomáticas del llamado penal

Desde el punto de vista legal, abrir un proceso penal a un jefe de Estado extranjero enfrenta numerosos retos: jurisdicción internacional, inmunidades diplomáticas y pruebas. Sin embargo, el acto simbólico refuerza la narrativa de que Colombia no aceptará ataques sin consecuencias ni explicaciones claras.

En el plano diplomático, esta iniciativa podría aumentar la presión internacional sobre Estados Unidos, abrir debates en organismos como la Corte Penal Internacional o comisiones de derechos humanos, y reconfigurar alianzas regionales.

Para Colombia, el llamado de Petro consolida su postura de denunciar lo que considera agresiones injustificadas al Caribe, mientras reafirma su discurso de soberanía nacional y protección de los ciudadanos en zonas marítimas. Resta ver si este pedido se convierte en acciones procesales concretas o queda como un gesto político de alto voltaje.

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