Nuevo avance en el caso de corrupción en la UNGRD

Jorge Aristizábal, exasesor del Departamento Administrativo de la Función Pública y considerado una pieza clave en la administración de César Manrique, se entregó ante las autoridades en el marco de la investigación por corrupción vinculada al desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aristizábal, quien ha sido identificado como hombre de confianza de Manrique, cumplió con la medida de aseguramiento en su contra, impuesta por una juez de Bogotá el 29 de julio.

Aristizábal se presentó en las instalaciones del antiguo DAS en Bogotá acompañado de su abogado defensor. Esta acción marca la culminación de una fase crucial en la investigación, en la que seis de las ocho personas con medida de aseguramiento se han entregado a las autoridades. Entre los involucrados, destacan nombres de alto perfil relacionados con la gestión de fondos destinados a la gestión de desastres en Colombia.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación revela que César Manrique, quien en su momento fue director de la Función Pública, facilitó un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el que se transfirieron 100.000 millones de pesos. Estos recursos habrían sido direccionados por Manrique hacia ciertos contratistas a cambio de favores y contratos vinculados a proyectos de infraestructura.

En particular, la Fiscalía ha identificado que un contrato relacionado con el suministro de carrotanques para comunidades en La Guajira fue suscrito en octubre de 2023 por un valor de 29.000 millones de pesos con la Corporación Mixta Yapurutú. Este acuerdo, que debía garantizar la provisión de agua potable en zonas vulnerables, estuvo marcado por sobrecostos por 13.164 millones de pesos. De esa cifra, 3.000 millones fueron destinados directamente a Manrique, 2.060 millones a Édgar Eduardo Riveros Rey, otro de los procesados, y 6.380 millones fueron desviados hacia los directivos de Yapurutú.

Además de Manrique, los otros procesados en el caso incluyen a Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien trabajaba como contratista de la UNGRD. También están involucrados el representante legal de Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, el jefe de ventas de la misma empresa, Francisco Javier Estupiñán Bravo, así como a otros funcionarios de la UNGRD, entre ellos Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

El caso ha sacudido las estructuras de la función pública en Colombia, evidenciando una serie de irregularidades que implican delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. La Fiscalía continuará su labor de investigación, mientras que los implicados enfrentan graves cargos que podrían tener un impacto significativo en sus carreras y libertad.

Este caso pone en evidencia la corrupción en torno a los fondos destinados a la gestión de desastres y subraya la necesidad de una mayor transparencia en la contratación pública en el país.