Vicky Dávila vs Gustavo Petro: las grietas internas que sacuden la Fiscalía por el caso de Nicolás Petro

El reciente choque entre la periodista y precandidata Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro dejó al descubierto fisuras profundas en el interior de la Fiscalía, en medio del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del mandatario. La controversia estalló cuando Dávila reveló una imputación que la Fiscalía solicitaba contra Nicolás, casi simultáneamente con la revista Semana, lo que desató acusaciones mutuas que cuestionan la independencia del ente acusador.

Desde su cuenta en X, Petro vinculó a Dávila con la fiscal Lucy Laborde, acusándola de actuar políticamente y de filtrar información reservada para favorecer su campaña. Según él, la Fiscalía, en lugar de ser un órgano autónomo, estaría subordinada a intereses de la oposición.

Dávila, por su parte, respondió contundente: desmintió las acusaciones y acusó al Ejecutivo de presionar para apartar a Laborde del caso. En un mensaje reciente escribió: “Lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo es otra mentira”.

La carta de la fiscal Laborde y las presiones denunciadas

El conflicto se ahondó con la publicación de una carta de Laborde dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En ella, la fiscal denunció que habría sido condicionada mediante la designación de una fiscal adjunta el 8 de septiembre, justo tras la filtración, y acusó que algunas decisiones procesales fueron tomadas sin su conocimiento.

La Fiscalía ha evitado pronunciarse públicamente, pese a que fuentes periodísticas informan que Camargo habría revertido la designación de la adjunta. Mientras tanto, el proceso contra Nicolás Petro sigue sin fecha clara para audiencia formal.

Este episodio no solo confronta a figuras centrales del poder, sino que también pone en tensión la credibilidad institucional de la Fiscalía: en Colombia, la autonomía judicial es un pilar del Estado de derecho; cuando ese principio es percibido como vulnerable, no solo el caso particular se ve afectado, sino la confianza ciudadana en la imparcialidad de la justicia.

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