Minjusticia alista proyecto para otorgar beneficios jurídicos a jefes criminales sin estatus político

La iniciativa busca facilitar la reincorporación y el desmantelamiento de estructuras armadas como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua.

El Gobierno colombiano alista un polémico proyecto de ley que abriría la puerta a beneficios jurídicos para jefes de organizaciones criminales que no tienen estatus político, como el Clan del Golfo, el Tren de Aragua o ‘los Costeños’. La iniciativa sería radicada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, después del 20 de julio, una vez se instale el nuevo periodo legislativo.

La propuesta, que está siendo socializada con diversos sectores, consiste en una reforma a la Ley de Justicia y Paz de 2005. Su objetivo sería permitir que cabecillas de grupos armados puedan acceder a beneficios como la libertad condicional, siempre que hayan cumplido entre cinco y ocho años de condena por delitos cometidos antes de someterse a la justicia.

Delitos pagarían penas en centros rurales o de armonización

El borrador contempla incluso que algunos narcotraficantes y jefes criminales puedan pagar sus penas en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de “armonización”, espacios distintos a las cárceles tradicionales. Esto ha despertado preocupación entre algunos sectores, que advierten sobre los riesgos de legitimar a organizaciones que siguen activas y generando violencia.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que se trata de una fórmula para impulsar el sometimiento colectivo a la justicia y fomentar el desmantelamiento de estructuras criminales.

Para acceder a los beneficios, los postulados deberán cumplir condiciones estrictas como entregar armas y bienes ilegales, liberar menores reclutados o secuestrados, cesar toda actividad delictiva y participar en procesos de transformación territorial. Además, necesitarán un certificado de compromiso y buena conducta expedido por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El Ministerio de Justicia ha explicado que aún se trata de una propuesta en construcción y que este viernes se llevaría a cabo una reunión de la Comisión de Política Criminal para afinar los detalles finales antes de su radicación.

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