Excomandantes de las FARC son sancionados por secuestros tras más de dos décadas de impunidad

En un momento que muchos califican como simbólico y decisivo para la justicia transicional en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia histórica contra siete ex-integrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP, por su responsabilidad en una política sistemática de secuestros que afectó a más de 21.000 personas durante décadas de conflicto armado.

En lugar de cárcel, los sancionados fueron condenados a ocho años de sanciones restaurativas: trabajos de reparación simbólica, búsqueda de desaparecidos, acciones en memoria histórica, desminado y restricciones de movilidad, entre otras obligaciones.

Críticas de las víctimas

No todas las voces acogieron el fallo con alivio. Muchas víctimas y organizaciones de derechos humanos lo tildan de insuficiente. Critican que no haya penas de prisión, la falta de claridad sobre los mecanismos concretos de cumplimiento y la sensación de que la justicia quedó “dentro de márgenes controlados”.

Por ejemplo, algunos familiares de desaparecidos apuntan que, aunque los ex-jefes aceptaron responsabilidad, la sentencia no delimita bien las zonas donde deben realizar los proyectos restaurativos, ni los horarios ni las limitaciones de movilidad.

Reconocimiento de responsabilidad

Durante el proceso, los siete ex-comandantes admitieron públicamente su participación en la estrategia de secuestro como herramienta de control territorial, presión política y financiamiento, como lo ha venido documentando la investigación del Caso 01 de la JEP. 

La JEP, encargada de estos casos dentro del sistema de justicia transicional, los imputó por crímenes de guerra, lesa humanidad y toma de rehenes en el contexto del conflicto.

Retos para la implementación

Que la sentencia quede en el papel o se transforme en acciones reales dependerá de múltiples factores: recursos estatales, supervisión internacional, voluntad política y coordinación institucional. Además, algunos de los sancionados conservarán derechos políticos, lo cual añade tensión sobre los límites de la sanción restaurativa.

En suma, aunque la decisión de la JEP representa un avance simbólico en la rendición de cuentas histórico por el secuestro en Colombia, muchas de sus implicaciones reales están aún en el camino por recorrer.

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