Doce exmilitares sancionados por comportamientos sistemáticos con los falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un fallo de fondo al condenar a 12 exmilitares por su participación en ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos ocurridas en la Costa Caribe, entre 2002 y 2005, en el Batallón de Infantería La Popa. Con este fallo, que toma como referencia más de 135 víctimas, el tribunal busca marcar un hito dentro del sistema de justicia transicional.

Esos exmilitares operaban bajo órdenes jerárquicas que establecían la presentación de civiles asesinados como bajas en combate para inflar resultados operacionales. En algunos casos, se les ofrecía empleo, se los engañaba, y luego se les arrojaba a escenarios de conflicto para simular enfrentamientos.

Sanciones restaurativas, no prisión

Los condenados aceptaron su culpabilidad y serán sometidos a sanciones propias de la JEP, que van desde restricciones de movilidad hasta trabajos comunitarios, acciones de memoria histórica y reparación simbólica. Estas penas restaurativas tienen una duración de ocho años, la máxima posibilidad dentro del esquema transicional.

Cabe señalar que el fallo no implica prisión directa, pero algunos de los exmilitares recibirán reducción de la sanción conforme al tiempo que ya han permanecido privados de libertad en procesos anteriores.

Voces de las víctimas y reparaciones

Para muchas víctimas, la condena simboliza un largo camino hacia la verdad, aunque no cumplen todas sus expectativas de justicia retributiva. Organizaciones de derechos humanos resaltan que la sentencia puede quedar limitada si los proyectos restaurativos no se ejecutan con recursos suficientes o con seguimiento riguroso.

Se abordará la reparación de comunidades campesinas e indígenas afectadas, con iniciativas en infraestructura local, memoria histórica, espacios de reconocimiento y restauración simbólica dentro de las zonas impactadas. 

Retos para la implementación efectiva

Que esta condena tenga impacto real depende de factores clave:

• La supervisión internacional, incluida la ONU, para garantizar que los condenados cumplan las sanciones.
  
• Que el Estado colombiano garantice recursos, personal y estructura institucional para ejecutar los proyectos restaurativos en zonas rurales.
  
• Que no quede impunidad para los altos mandos que no aceptaron responsabilidad, pues algunos siguen siendo investigados o procesados en otros tribunales.

En conjunto, esta sentencia representa un avance en la responsabilidad judicial de miembros de las fuerzas armadas, aunque la verificación y cumplimiento concreto serán decisivos para que no se convierta en un acto simbólico más en la historia del conflicto colombiano.

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