Corte da plazo al Gobierno para transformar la Unidad que ejecuta el Acuerdo de Paz

La Corte Constitucional acaba de emitir un auto en el que otorga al Gobierno nacional un plazo máximo de 20 días hábiles para presentar un plan que evalúe la capacidad institucional de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y determine si debe fortalecerse, modificarse o transformarse de raíz.

En dicho documento, la Corte advierte que la entidad encargada actualmente, dirigida por Gloria Cuartas, carece de jerarquía, recursos y autonomía suficientes para garantizar las obligaciones constitucionales derivadas del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. El auto ordena al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) efectuar, en 15 días hábiles, una evaluación integral sobre recursos, planta de personal y nivel jerárquico. Cinco días después, el Gobierno debe radicar un informe con medidas específicas para fortalecer o reestructurar la Unidad.

Motivos señalados por la Corte

La Sala Especial de Seguimiento advierte que, hasta ahora, las acciones desplegadas por el Estado han sido más formales que sustanciales: muchas órdenes judiciales han sido cumplidas en rigidez normativa pero sin impacto real. En particular, la Corte señala que no se han garantizado las seguridades efectivas para excombatientes en proceso de reincorporación, lo cual constituye una falla grave frente al Estado de cosas inconstitucional establecido para las garantías de seguridad del acuerdo.

Además del enfoque institucional, el fallo exige revisar las fichas técnicas del Plan Marco de Implementación (PMI), estableciendo indicadores claros, metas verificables, responsables definidos y cronogramas precisos. También insta a que los organismos de seguimiento (CSIVI, Instancia de Alto Nivel, SISEP) se activen, operen de manera articulada y coordinen su acción con presupuesto real. La Procuraduría que vigila al Acuerdo también fue objeto de órdenes de fortalecimiento institucional.

Antecedentes y críticas al modelo institucional actual

Desde 2022, el Gobierno de Gustavo Petro transformó la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación en la “Unidad de Implementación”, pero con menor rango administrativo y menor autonomía que la estructura anterior. Organismos nacionales e internacionales, como la Misión de Verificación de la ONU y el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, han advertido la necesidad de recuperar un órgano con mayor rango para que el Acuerdo tenga coherencia como política de Estado.

El Plan Marco de Implementación (PMI), uno de los compromisos más rezagados del Acuerdo, también ha sido objeto de ajustes y revisiones ante los déficits en seguimiento y cumplimiento. En materia internacional, Colombia ha presentado informes ante organismos multilaterales sobre avances y desafíos de implementación del Acuerdo. 

Desafíos y efectos esperados de la orden judicial

• El Gobierno debe reaccionar rápido, coordinar múltiples entidades (DAPRE, DAFP, Oficina de Paz) y diseñar una hoja de ruta clara antes del 7 de octubre.
  
• Si el Ejecutivo no cumple los plazos o presenta acciones débiles, podría enfrentar críticas por incumplimiento judicial y debilitamiento de la agenda de paz.
  
• Es clave que las modificaciones vayan más allá del cambio formal, y estén acompañadas de presupuestos, estructura, poder decisorio y articulación efectiva.
  
• La reforma institucional podría reforzar la credibilidad del Estado frente a quienes confiaron en el Acuerdo de Paz, siempre que los resultados se perciban.
  
• La coordinación entre los organismos de seguimiento, control y plan de acción será decisiva para evitar duplicidades o vacíos.

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