Contraloría enciende alertas por aumento de contratos antes de las restricciones electorales de 2026

La entidad identificó picos de hasta $4 billones en contratación interadministrativa antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Inicia monitoreo preventivo para evitar uso electoral de recursos públicos.

La Contraloría General de la República anunció el fortalecimiento de su vigilancia fiscal preventiva de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Según el organismo, en septiembre y octubre de 2025 se registraron los valores más altos del año en contratos y convenios interadministrativos: $4 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre, justo antes de que entrara en vigor la prohibición de este tipo de acuerdos por la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005).

La entidad advirtió que este comportamiento obliga a activar alertas tempranas para evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines electorales. Desde el 8 de noviembre, indicó la Contraloría, el monitoreo se centrará en impedir que se firmen nuevos convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos, modalidad restringida durante el periodo electoral.

El seguimiento se realiza a través del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, una herramienta que cruza datos de SECOP I y II, la nómina estatal, los sistemas presupuestales del DNP y Minhacienda y el Registro Único de Aportantes (RUA), lo que permite identificar patrones atípicos de contratación y posibles riesgos de desviación de recursos.

A partir del 31 de enero de 2026, cuando inicia la restricción a la contratación directa, la Contraloría ampliará el monitoreo para detectar incrementos inusuales en contratación de servicios, transferencias excepcionales a entidades territoriales y contratistas que excedan los límites legales de financiación política.

El organismo también anunció que trabajará de manera articulada con la Procuraduría General, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral para intercambiar información sobre alertas de riesgo. Si bien la entidad aclaró que el modelo preventivo no es sancionatorio, señaló que busca anticipar desviaciones del gasto público, proteger la equidad democrática y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones estatales en uno de los periodos más sensibles del ciclo político.

La Contraloría habilitó los canales SIPAR, la app CgrCol, la línea 199 y su portal web para que los ciudadanos reporten presuntas irregularidades en la contratación o manejo de recursos públicos durante esta fase preelectoral. Con este monitoreo intensificado, la entidad reafirmó su compromiso de “salvaguardar la legalidad, transparencia y equidad en el manejo de los fondos públicos”, especialmente frente a un escenario electoral donde la vigilancia debe ser permanente.

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