Congreso buscan hacer obligatorios los debates electorales

En medio de una tensa relación entre el Congreso y el Gobierno, avanza una discusión legislativa clave que podría transformar las reglas del juego electoral en Colombia. Dos proyectos de ley, uno en la Cámara y otro en el Senado, buscan hacer obligatorios los debates entre candidatos presidenciales, así como entre aspirantes a gobernaciones y alcaldías. La propuesta apunta a fortalecer la transparencia y la participación ciudadana de cara a las elecciones de 2026.

El primer proyecto, del representante David Racero (Pacto Histórico), ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. El segundo, presentado por los senadores Jonathan Ferney Pulido («Jota Pe») y Carolina Espitia (Alianza Verde), está pendiente de ser discutido en el Senado. Ambas iniciativas coinciden en que los debates se transmitan por medios públicos como RTVC y, en los casos regionales, también por radios locales.

Opiniones divididas

Uno de los puntos más polémicos es la inclusión de sanciones para quienes no participen en los debates. Estas incluyen la pérdida del derecho a usar espacios en medios con espectro electromagnético, una reducción del 25 % en la reposición de votos y la exhibición pública del nombre del candidato ausente durante la transmisión. Mientras el proyecto de Racero contempla excusas avaladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el texto de los senadores verdes no contempla excepciones.

La propuesta ha generado tanto apoyos como críticas. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) advierte que obligar a los candidatos a debatir podría vulnerar la estrategia política individual. También critica el énfasis en medios tradicionales, dejando de lado plataformas digitales como YouTube. Por su parte, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico) teme una “fatiga política” debido al número de candidatos y cuestiona la viabilidad técnica de las transmisiones en todo el país.

En las elecciones presidenciales de 2022 se realizaron más de 30 debates, pero ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández participaron en los últimos encuentros, a pesar de una orden judicial que no se pudo aplicar. En ese contexto, el futuro de estos proyectos dependerá no solo de la voluntad política del Congreso, sino también de cómo se desarrolle la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio de reformas, marchas y posibles consultas populares.

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