Congreso aprueba en segundo debate la Ley 30 que busca salvar la educación superior en Colombia

El Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 212 de 2024, iniciativa que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar más recursos a las universidades públicas y atender la crisis financiera que enfrenta la educación superior en Colombia.

La propuesta, de autoría de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, plantea actualizar el modelo de financiación que desde hace más de tres décadas ha generado un déficit estructural en el sistema educativo público.

El problema histórico de la financiación universitaria

Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecen en promedio un 9% anual, mientras que el presupuesto base solo se ajusta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ronda el 4%.

Esto genera un déficit estructural del 5% cada año, agravado por el aumento de la matrícula: entre 2000 y 2022 la población estudiantil creció un 169%, pero la base presupuestal solo aumentó un 52% en términos reales.

La congresista Pedraza lo resume así: “El problema es simple: nuestras universidades gastan como si fuera 2025, pero la ley las financia como si fuera 1992”.

¿Qué propone la reforma a la Ley 30?

El proyecto de Ley 212 de 2024 introduce tres cambios claves:

• Nuevo índice de ajuste (Artículo 86): el presupuesto base dejará de crecer con el IPC y lo hará con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE.
• Aumentar aportes de la Nación (Artículo 87): el porcentaje de recursos adicionales se eleva del 30% al 70% del crecimiento real del PIB, creando un mecanismo más estable.
• Base presupuestal para ITTU (Artículo 86A): por primera vez se asignará a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias una base equivalente al 0,05% del PIB del año anterior.

Pedraza enfatiza que “incluir a las instituciones técnicas y tecnológicas no es un gasto, es un acto de justicia. Atienden a 1 de cada 5 estudiantes públicos, pero hoy sobreviven con migajas”.

Impacto fiscal y metas a largo plazo

La reforma no contempla nuevos impuestos, sino una redistribución progresiva de recursos alineada con el Plan Nacional de Desarrollo.

El impacto fiscal estimado entre 2027 y 2040 es de $18,7 billones de pesos constantes de 2024, con el objetivo de que Colombia invierta al menos el 1% del PIB en educación superior pública, estándar mínimo internacional.

La representante Pedraza recordó que esta propuesta no surge de un escritorio en Bogotá, sino de las marchas estudiantiles de 2018, los diagnósticos de los rectores y las demandas históricas del sector educativo.

“No estamos pidiendo un favor, estamos corrigiendo un error de voluntad política. Esta reforma es técnica y estructural, no un parche temporal”, puntualizó.

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