¿Qué implica que EE. UU. declare terrorista al Clan del Golfo?

La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de designar al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera se produce en un contexto de alta tensión diplomática con Colombia y en medio de los acercamientos que adelanta el Ejecutivo de Gustavo Petro con ese grupo armado dentro de su política de ‘paz total’.

La medida, anunciada esta semana por Washington, tiene profundas implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas, tanto para la lucha contra el narcotráfico como para los diálogos en curso entre el Estado colombiano y la mayor organización criminal del país.

¿Quién es el Clan del Golfo?

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es actualmente la estructura criminal más poderosa del país, con una capacidad estimada de cerca de 9.000 integrantes. La organización heredó las economías ilegales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006, y desde entonces ha consolidado un entramado de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y control territorial.

Durante años, el grupo estuvo bajo el mando de los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga, alias Giovanni y Otoniel. Este último fue capturado en 2021, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el envío de casi 97 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Tras su salida, el liderazgo quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, un exparamilitar de perfil más bajo, pero con control sobre la estructura central del grupo.

Presencia y expansión territorial

Conocido también como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo nació en la región del golfo de Urabá, entre Antioquia y Chocó, y en tres décadas ha logrado una expansión sostenida hacia la costa Caribe, la frontera con Venezuela y zonas estratégicas del Pacífico colombiano.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la organización tiene presencia en al menos 302 municipios del país. A nivel internacional, controla rutas clave para el tráfico de drogas y migrantes en la frontera con Panamá y mantiene alianzas con redes criminales en ese país para el almacenamiento y envío de estupefacientes.

Diálogos con el Gobierno Petro

En septiembre del año pasado, el Gobierno colombiano inició conversaciones con el Clan del Golfo en Doha, Catar, con el acompañamiento de países como España, Noruega y Suiza. No se trata de un proceso de paz tradicional, sino de un diálogo socio-jurídico enfocado en el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las economías ilegales.

Como parte del proceso, se puso en marcha un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en municipios de Antioquia y Chocó, posteriormente ampliado a zonas de Córdoba y Bolívar. Sin embargo, el diálogo aún carece de un marco jurídico sólido, debido a las diferencias sobre el alcance del sometimiento y la negativa del grupo a aceptar una subordinación plena ante la justicia ordinaria.

Las implicaciones del rótulo terrorista

Con la nueva designación, el Clan del Golfo se convierte en el cuarto grupo armado colombiano incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, junto al ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC). Esta clasificación lo equipara jurídicamente con estructuras criminales como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa.

El rótulo implica la congelación de activos, sanciones financieras y la posibilidad de procesar penalmente a personas o entidades que brinden apoyo directo o indirecto al grupo. Además, complica cualquier tipo de negociación, pues limita la cooperación internacional y endurece el margen de maniobra diplomática del Gobierno colombiano.

La decisión coincide con el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental dentro de su campaña antidrogas, operaciones en las que han sido hundidas al menos 26 embarcaciones y han muerto cerca de 90 tripulantes.

En este escenario, la designación del Clan del Golfo como grupo terrorista plantea nuevos desafíos para la estrategia de seguridad y para la viabilidad de los diálogos que adelanta el Gobierno, en un momento clave para el rumbo de la ‘paz total’.

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