Benedetti pide garantías a la Corte Suprema en medio de polémica por allanamiento a su vivienda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó un llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia, asegurando que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados en el marco del proceso judicial que derivó en el allanamiento de su residencia. En un mensaje público, el funcionario cuestionó las actuaciones dentro del caso y pidió la intervención del alto tribunal.

“Suplico a los magistrados que me garanticen mis derechos porque yo hoy no he podido acceder al derecho a la justicia (…). ¿Quién me garantiza mis derechos de acceder a la justicia? Reitero mi respeto a la Corte Suprema de Justicia que ha sido mi juez natural por más de 20 años”, dijo.

Benedetti aseguró que ha tenido que denunciar a la magistrada Cristina Lombana, a quien señala de no ser su juez natural, e interponer una tutela y una queja disciplinaria contra la Comisión de Acusaciones y contra un investigador por presuntas presiones, filtraciones y actuaciones irregulares. Según el ministro, existe “un rumor” de que la funcionaria “intimida a los congresistas de la Comisión”, lo que habría impedido cualquier avance en una investigación formal.

Además, manifestó que la magistrada habría filtrado “videos, audios y pruebas reservadas” a la prensa y que en su caso se han indagado hasta “50 familiares” sin condición de aforados, lo que considera un exceso y una señal de “interés indebido” en incriminarlo.

Contexto del proceso

La controversia se desató luego de que se conociera que un despacho judicial ordenó un allanamiento a la vivienda del ministro como parte de una investigación en curso. La defensa cuestionó la diligencia al considerar que no existía competencia del despacho y que presuntamente hubo irregularidades en la gestión de las órdenes y en la custodia del material probatorio.

El caso se ha convertido en un nuevo capítulo de las tensiones entre Benedetti, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. En los últimos meses, el ministro ha denunciado persecución, filtración de información y actuaciones que, según él, podrían configurar un proceso politizado.

Por ahora, la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la solicitud de garantías presentada por el ministro. Su intervención será determinante para establecer si hubo irregularidades en el procedimiento que dio origen al allanamiento y para definir los límites institucionales en un caso que sigue escalando en el escenario político.

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