UNP rechaza acusaciones de Abelardo de la Espriella

La Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado oficial en el que desmiente las denuncias hechas por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, según las cuales su esquema de seguridad habría sido reducido por orden del Gobierno. 

Denuncias del precandidato

De la Espriella presentó una tutela ante el Consejo de Estado alegando que su esquema de protección había sido disminuido: afirmó que se le exigió devolver elementos de seguridad, como escoltas y chaleco blindado. También denunció que se había puesto un precio por su cabeza y por la de otros opositores, y que habría perfilamientos ordenados desde el Ejecutivo.

Según declaraciones del precandidato, recibió información “muy confiable” de que se habrían fijado 8 millones de dólares como recompensa para atentar contra su vida, la del presidente Álvaro Uribe y la de otros líderes críticos al gobierno de Gustavo Petro. (Infobae)

La réplica de la UNP

La UNP negó categóricamente que existiera tal reducción o que el presidente Petro hubiese dado instrucciones para debilitar el esquema de protección asignado al abogado. Según la entidad:

• El esquema de seguridad del precandidato fue diseñado y aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).
  
• En ningún momento (según la UNP) dicho esquema ha sido modificado o reducido.
  
• Las acusaciones que se han difundido son calificadas como falsas, puesto que “no corresponden a la realidad” y ponen en duda la institucionalidad.
  
• La UNP sostiene que la contienda política debe darse con responsabilidad y veracidad, y que los mecanismos de protección se rigen por criterios técnicos y legales, no por presiones políticas.
  

La entidad también advirtió que “la democracia se fortalece con argumentos veraces y no con señalamientos infundados que instrumentalizan la seguridad personal para fines de proselitismo político”.

Este episodio ocurre en un contexto de alta tensión política y creciente preocupación por la seguridad de aspirantes en la campaña presidencial de 2026. Se suma a recientes sucesos de violencia política como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que encendió alertas sobre el riesgo real que enfrentan figuras políticas en Colombia.

Organismos de observación electoral han documentado múltiples incidentes de amenazas y agresiones contra líderes locales y nacionales en los últimos meses, lo cual ha encendido el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar protección efectiva.

Otro caso ampliamente citado es el de Alfredo Saade, precandidato también del Pacto Histórico, quien recientemente denunció que no contaba con vehículos asignados por la UNP, cuestionando la suficiencia de los protocolos y recursos para proteger a todos los aspirantes. (Infobae / EFE)

Lo que sigue

• El Consejo de Estado deberá analizar la tutela presentada por De la Espriella para determinar si procede ordenar cambios al esquema de seguridad o medidas adicionales inmediatas.
  
• Las autoridades técnicas de la UNP podrían ser requeridas para mostrar los registros de mantenimiento, aprobación y ajuste del esquema para este precandidato, a fin de aportar transparencia al debate.
  
• En el panorama electoral, casos como este pueden generar desgaste institucional y cuestionamientos a la imparcialidad del Gobierno, especialmente si las dudas sobre seguridad política no se manejan con claridad.
  
• Adicionalmente, otros precandidatos podrían observar lo ocurrido y presentar acciones similares, lo que pondrá a prueba la capacidad de la UNP para responder con eficacia y equidad.
  

Este episodio pone en la mira el delicado equilibrio entre la protección del derecho político a aspirar a cargos públicos y las garantías técnicas y legales que el Estado debe ofrecer, sin que se vulneren los principios de imparcialidad y credibilidad institucional.

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