Crisis humanitaria en Cauca: Más de mil desplazados por combates y ataques con drones

La violencia en el departamento del Cauca sigue escalando, dejando una nueva ola de desplazamientos masivos debido a los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Cañón del Micay y la zona del Pacífico caucano. Según las autoridades locales y organizaciones comunitarias, más de mil personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en busca de refugio.

En el municipio de Argelia, el alcalde Osman Guaca confirmó que comunidades de las veredas La Ceiba, Pepinal, Las Vegas y El Pinche, en el corregimiento de El Plateado, han tenido que huir ante la creciente violencia.

«La dinámica del conflicto ha cambiado. Ya no son combates prolongados; ahora los grupos armados y la Fuerza Pública utilizan explosivos lanzados por drones, lo que pone en grave peligro a la población civil. Algunas de estas cargas han caído en viviendas de personas humildes, obligándolas a desplazarse al centro poblado, donde estamos brindando atención», explicó el mandatario

Este tipo de ataques ha generado un profundo temor entre los habitantes, quienes denuncian que sus casas han sido afectadas y que la guerra ya no distingue entre combatientes y civiles.

De manera simultánea, en el municipio de López de Micay, en la costa del Pacífico Caucano, se han registrado fuertes enfrentamientos entre la Armada Nacional y las disidencias de las Farc, lo que también ha generado un éxodo masivo de la población.

La Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca denunció que los habitantes de los consejos comunitarios Manglares y Mamuncia quedaron atrapados en medio de intensos tiroteos y explosiones.

«Los combates han sido provocados por hostigamientos con drones, los cuales son utilizados por el grupo armado ilegal para atacar a las Fuerzas Armadas. Los dispositivos sobrevuelan la parte baja y media del río, generando terror en la comunidad», indicó la organización.

Uno de los hechos más alarmantes fue la denuncia del senador Paulino Riascos, quien reveló que la institución educativa del corregimiento de El Guayabal quedó en medio del fuego cruzado, afectando gravemente la seguridad de estudiantes y profesores.

«La escuela se convirtió en una barrera de disparos. Pedimos respeto por estos planteles educativos y por toda la comunidad que está sufriendo las consecuencias de este conflicto», manifestó el senador.

Por su parte, la Iglesia Católica condenó el uso de explosivos lanzados desde drones, advirtiendo que esta estrategia está por fuera de toda regla de la guerra, violando el Derecho Internacional Humanitario y poniendo en riesgo a la población civil.

Las comunidades afectadas han solicitado acciones urgentes al Gobierno Nacional para frenar la crisis humanitaria y brindar asistencia inmediata a las familias desplazadas, entre las que se encuentran niños, niñas y adultos mayores.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en la necesidad de reforzar la presencia estatal en estos territorios, garantizar la protección de los civiles y establecer estrategias de diálogo y pacificación que permitan frenar el avance del conflicto.

Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre siguen reinando en el Cauca, una región que clama por seguridad, paz y justicia en medio de un conflicto que no da tregua.