A la cárcel nueve militares por torturar y asesinar a un campesino discapacitado de Frontino, Antioquia

Nueve militares del Ejército Nacional fueron enviados a prisión por su presunta responsabilidad en la tortura, desaparición y asesinato de un campesino de 27 años en una base militar de Frontino, Antioquia, ocurrido el pasado 7 de octubre.

Los implicados son el teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

La Fiscalía Seccional Antioquia les imputó, según su nivel de participación, los delitos de tortura, homicidio agravado y desaparición forzada agravada, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la investigación, la víctima, quien era un hombre con discapacidad cognitiva, fue retenida por uniformados bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Una vez en la base militar, fue desnudado, golpeado, colgado de un árbol y amarrado, en medio de tratos crueles e inhumanos que se prolongaron durante al menos cinco horas.

El campesino finalmente murió en un baño del lugar. Los militares habrían envuelto su cuerpo en una hamaca, lo trasladaron al helipuerto y posteriormente lo arrojaron al río El Cerro. Tres semanas después, las autoridades hallaron el cadáver, y un dictamen del Instituto de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue la tortura.

¿Cómo se conocieron los hechos?

El hecho se conoció públicamente luego de que el presidente Gustavo Petro revelara el caso en su cuenta de X (antes Twitter), calificándolo como una grave violación de derechos humanos cometida por miembros del Ejército.

“Esto es inaceptable. No puede haber ningún tipo de encubrimiento frente a crímenes cometidos por quienes deben proteger la vida”, señaló el mandatario, tras confirmar que había solicitado una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron que la información fue entregada directamente al presidente, quien ordenó cooperación total entre la justicia penal militar y la Fiscalía para esclarecer los hechos.

El caso ha generado indignación nacional y reavivó el debate sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública en casos de violaciones a los derechos humanos. Organizaciones sociales y defensoras de víctimas han exigido garantías para las familias y una investigación sin dilaciones.

La Fiscalía y el Ejército Nacional anunciaron que continuarán con los actos de investigación y colaboración judicial para determinar la responsabilidad individual de los procesados y de otros posibles involucrados. Los presuntos responsables deberán cumplir su medida de aseguramiento en una guarnición militar mientras se adelanta el proceso.

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