Crisis laboral en Secretaría de Salud en Santander

En los últimos días, la Gobernación de Santander enfrenta una profunda crisis financiera y laboral causada por la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud.

Esta norma prohíbe usar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para pagar salarios administrativos en salud pública, lo que impidió liquidar el sueldo de 129 funcionarios de planta de la Secretaría de Salud correspondientes a agosto.

Estos trabajadores forman parte del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), salud ambiental, laboratorio, vigilancia en salud y salud mental, y pese a contar con recursos asignados en algunos casos, siguen sin recibir el pago. Mientras tanto, la Gobernación cuenta únicamente con $18.000 millones de libre destinación, estos ya están comprometidos con otras funciones esenciales, y tampoco resulta viable asumir un gasto adicional anual aproximado de $14.000 millones.

#NoticiaNacional/129 funcionarios de Salud en #Santander no recibieron sueldo tras norma del Minsalud que prohíbe usar el #SGP para nómina. La Gobernación pide derogar la medida y advierte riesgo para la salud pública y la estabilidad laboral. #NoticiasPoder #RevistaPoder pic.twitter.com/81u0vgrvx1

— Revista PODER (@RevistaPODERcol) September 5, 2025

El gobernador Juvenal Díaz ha solicitado al Gobierno nacional suspender o derogar el artículo 21 de la resolución, así como implementar un régimen transitorio que permita asegurar la continuidad laboral sin sacrificar otras funciones vitales. 

A nivel nacional, los gobernadores del país también han manifestado su preocupación, argumentando que la norma va en contra de la reforma laboral, que busca mejorar la formalización y calidad del empleo público, y amenaza la estabilidad y operación de los servicios esenciales.

La situación ha encendido alarmas por el posible colapso de programas clave de inspección, vigilancia y control en salud. Los funcionarios afectados recuerdan que detrás de cada salario está una familia, y reclaman una solución urgente. Mientras tanto, el Tribunal Administrativo, el Ministerio de Hacienda y el Congreso analizan la coyuntura buscando una salida viable que no sacrifique ni la atención en salud pública ni el sustento de dichas familias.

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