Corte Suprema investiga a Martha Peralta por corrupción en la UNGR

La Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una investigación preliminar contra la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epiayú, en relación con el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal indaga sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos relacionados con maquinaria y obras para La Guajira, donde Peralta estaría presuntamente vinculada en el direccionamiento de los mismos.

El caso se originó a raíz de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien acusó a Peralta de presionar para que ciertos contratistas —propuestos por ella— fueran favorecidos con contratos millonarios. López señaló que estos contratos tenían como propósito beneficiar a personas cercanas a la senadora a cambio de favores políticos.

La Sala de Instrucción de la Corte asumió el caso y designó a la magistrada Cristina Lombana para llevar adelante la investigación. En el marco de esta, también se están acumulando hechos relacionados con otro congresista, Julio Elías Chagüi, quien igualmente ha sido vinculado a este entramado de corrupción.

El escándalo no termina ahí, ya que en el contexto de la misma investigación, la Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien será llamado a declarar el próximo viernes. Velasco ha sido señalado por su presunta participación en un esquema en el que se otorgaban contratos a congresistas a cambio de apoyo político a las reformas del gobierno nacional. Esto ha elevado la preocupación sobre el alcance del caso, que involucra a varios actores políticos de relevancia.

Por su parte, la senadora Peralta ha rechazado las acusaciones, negando haber sostenido reuniones con Olmedo López ni haber gestionado ningún contrato de manera indebida. Sin embargo, el desarrollo de la investigación podría esclarecer si efectivamente existió un manejo inapropiado de los recursos públicos.

Este caso sigue siendo uno de los más polémicos en la política nacional, pues refleja una presunta red de tráfico de influencias y corrupción dentro de una de las entidades encargadas de gestionar recursos para desastres y emergencias en el país. La investigación avanza, mientras la opinión pública se mantiene expectante ante la posible implicación de figuras clave del gobierno y el Congreso en este entramado de corrupción.