Colombia dio hoy un paso decisivo en su posicionamiento como hub tecnológico regional con el anuncio de que Ilkari, compañía global de infraestructura tecnológica soberana, obtuvo la certificación ICREA Nivel IV para su datacenter ubicado en la Zona Franca de Tocancipá. Se trata de una de las acreditaciones más exigentes del mundo en continuidad operativa, redundancia y desempeño crítico, lo que sitúa a Colombia dentro de un grupo restringido de países capaces de ofrecer infraestructura con estándares comparables a mercados como Europa, Estados Unidos y Asia.

International Computer Room Experts Association (ICREA) evalúa criterios avanzados de ingeniería, madurez operativa y robustez de sistemas esenciales. La certificación Nivel IV confirma que el datacenter de Ilkari puede sostener operación continua incluso bajo condiciones extremas, gracias a arquitecturas completamente redundantes en energía, enfriamiento, comunicaciones y seguridad.

“El futuro de la infraestructura de IA pertenecerá a los países que puedan garantizar continuidad y resiliencia”, afirmó Shane Paterson, CEO de Ilkari. “Colombia está construyendo esa base, e ICREA Nivel IV es una prueba clara. Demuestra de lo que es capaz la comunidad de ingeniería en el país”. Paterson agregó: “Esta certificación valida la fortaleza de la instalación, pero también refleja el entorno que Colombia ha creado para infraestructura de misión crítica y alta densidad. Estamos invirtiendo en Colombia porque las condiciones para una resiliencia a largo plazo son reales”.

El datacenter de Ilkari cuenta con 308 racks activos, con capacidad de expansión hasta un total de 548 racks, respaldados por 3.6 MW de potencia instalada, ampliables a 7 MW según crecimiento de carga. El sitio cuenta con redundancia eléctrica N+1, generadores diésel de emergencia con autonomía de hasta 72 horas,  así como múltiples carriers con rutas de fibra duales para garantizar conectividad resiliente. La instalación ofrece 800 m² de área técnica con un diseño modular que permitirá expandirse hasta 1.500 m², preparado para cargas de trabajo de inteligencia artificial, banca, salud, gobierno y otros sectores que requieren disponibilidad ininterrumpida y procesamiento de alto rendimiento.

La elección de la Zona Franca de Tocancipá responde a factores determinantes: cercanía estratégica a Bogotá, incentivos para inversión extranjera, facilidades logísticas para la importación de equipos de última generación y condiciones óptimas para garantizar continuidad operativa. Este modelo permite a las organizaciones mantener sus datos dentro del territorio nacional, factor clave en un contexto de creciente demanda por soberanía digital. La infraestructura de Ilkari también reduce la latencia para empresas que operan cargas de IA y servicios críticos, y, mediante sus servicios de colocation y nube soberana, ofrece  una alternativa soberana y de alta disponibilidad frente a la dependencia de centros de datos en el exterior.

El proyecto incorpora una dimensión social y económica significativa: Ilkari emplea actualmente a 32 profesionales técnicos y operativos especializados en Colombia, respaldados por equipos globales distribuidos. Además, el país alberga el Centro Global de Operaciones Técnicas de Ilkari, desde donde se monitorean las operaciones internacionales de la compañía. Esto supone transferencia de conocimiento, formación especializada y consolidación de talento local en infraestructura crítica, uno de los segmentos de mayor crecimiento en la economía digital mundial. El mercado colombiano de centros de datos superará los USD 300 millones en 2030, creciendo a un ritmo estimado del 28% anual, impulsado por la adopción de nube, la aceleración de la IA y las iniciativas de transformación digital del país.

Además de ICREA Nivel IV, la instalación cumple con estándares globales adicionales como DCOS Nivel de Madurez  4, TIA-942-C Rated 3 para diseño y construcción, y la certificación SS 564 Green Data Centre, lo que confirma la madurez técnica del proyecto y refuerza la competitividad de Colombia como destino de infraestructura soberana y de alta disponibilidad.

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Con la llegada de la navidad y el fin de año, los colombianos esperan con alegría la prima de diciembre para realizar compras, viajes e incluso para pagar deudas; sin embargo este es un escenario aprovechado por grupos organizados de delincuencia financiera, que ya han diseñado una serie de trampas para apropiarse de esos recursos y cometer estafas cada vez más sofisticadas.

Las autoridades han advertido que durante esta temporada se incrementan algunas modalidades de robo, especialmente las que están relacionadas con fraudes digitales y suplantación de identidad.

Modalidades de robo más comunes

• Falsas ofertas en redes sociales o páginas web clonadas: Ofrecen descuentos irresistibles en electrodomésticos, celulares y viajes con precios sumamente bajos, sus pagos suelen ser anticipados y una vez este se realice, la oferta y el vendedor desaparecen.
• Llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos fraudulentos:  Simulan ser de bancos, comercios o entidades oficiales que suelen ofrecer aumentos de cupo en sus tarjetas o rebajas de intereses con la finalidad de facilitar la adquisición de compras navideñas.
• Compras a su nombre (suplantación de identidad): Con pocos datos personales comprados en la dark web, los delincuentes solicitan créditos, tarjetas o realizan compras a su nombre.

“Una estafa financiera no es solo un robo de dinero; es un robo de tiempo, paz y tranquilidad. Si usted ha sido víctima de estafas financieras, no espere. Acuda inmediatamente a las autoridades y busque asesoría legal especializada. En Cafore abogados tenemos un protocolo de acción rápida para estos casos.” afirmó Valeria Canosa, abogada especializada en derecho penal en Cafore Abogados.

El rol de la asesoría legal especializada

Normalmente las estafas más complejas son la suplantación de identidad y fraudes financieros que se vuelven comunes sobre todo en épocas decembrinas donde además de un sueldo se recibe la prima; es por ello que la asesoría legal se vuelve un pilar fundamental a la hora de ser víctima de las llamadas estafas financieras. Bufetes como Cafore Abogados, ofrece un protocolo integral de acción que complementa el trabajo de las autoridades, centrado en la evaluación inmediata del daño y la gestión en las comunicaciones urgentes con entidades financieras para reportar el fraude; además de la representación y gestión penal en cuanto a la elaboración de la denuncia formal ante la Fiscalía con el respaldo y la evidencia técnica.

Adicionalmente, Cafore Abogados apoya la realización de los reportes correspondientes ante la Superintendencia Financiera, con el fin de que se adelanten las correcciones y sanciones pertinentes. De igual manera, el bufete ofrece asesoría tanto a empresas como a particulares en la implementación de políticas de protección de datos y en la activación de protocolos de respuesta en caso de fraude.

“En esta temporada los estafadores no descansan y por ello no se debería bajar la guardia con nuestra información financiera. En Cafore Abogados no solo ayudamos a las víctimas a emprender acciones legales para denunciar fraude, recuperar su dinero y buscar la responsabilidad de los implicados; sino que también asesoramos a personas y empresas en la implementación de protocolos preventivos. La clave es actuar con rapidez, ya que el tiempo es el principal aliado en una batalla legal” afirmó Valeria Canosa, abogada especializada en derecho penal en Cafore Abogados.

¿A dónde acudir si es víctima de una estafa?

Detrás de estas prácticas operan estructuras criminales organizadas que se aprovechan de la urgencia, la confianza y la mayor circulación de dinero en esta época del año, es por ello que en caso de sospecha o de haber sido víctima de una estafa financiera o compras realizadas a su nombre, es fundamental comunicarse de inmediato con su entidad financiera, guardar evidencias como mensajes, comprobantes y/o enlaces y denunciar el hecho ante autoridades competentes como la Fiscalía General de la Nación y a la Superintendencia Financiera en caso de sufrir la estafa por medio de los bancos, así como a la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de que las estafas están relacionadas con comercio electrónico y/o publicidad engañosa.

Cuide su prima, no la ponga en riesgo

• No comparta datos personales ni financieros o contraseñas de un solo uso por teléfono, mensaje o correo sin importar quien lo solicite.
• Desconfíe de promociones “demasiado buenas”.
• Verifique siempre la autenticidad de páginas y vendedores, antes de comprar.
• Revise con frecuencia sus movimientos bancarios y crediticios.
• Active notificaciones y alertas de su banco para monitorear cualquier movimiento inusual.

Estar informados es la herramienta más efectiva para evitar que los delincuentes se queden con lo que tanto cuesta ganar, pues el pago de la prima representa el resultado de todo un año de esfuerzo.

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Con el inicio del nuevo año, uno de los propósitos más comunes de las personas es mejorar su salud, bajar de peso o empezar a entrenar. El interés por la actividad física se refleja en los hábitos de la población. Según estudios de la Health & Fitness Association (HFA), en múltiples ciudades latinoamericanas, el 61 % de los consumidores hace ejercicio al menos dos veces por semana, y el 78 % lo hace varias veces al mes, con una alta preferencia por gimnasios y centros especializados.

Sin embargo, al momento de trabajar en estas intenciones, los mitos pueden obstaculizar el progreso y generar frustración. En este sentido, Smart Fit, la compañía de centros de acondicionamiento más grande de Latinoamérica, desmiente algunas de las creencias más frecuentes sobre el ejercicio y la alimentación para comenzar el 2026 con información clara y saludable.

“Cada fin de año aparecen los mismos mitos: que no vale la pena empezar ahora, que el cambio comienza en enero o que el gimnasio es solo para algunos. En Smart Fit creemos lo contrario. Creemos que el bienestar no tiene fecha, que el movimiento es un derecho y que cada día es una oportunidad para tomar decisiones que mejoren tu vida. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de empezar”, señala Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica.

Mito 1: Bajar de peso es lo mismo que estar sano

El peso corporal no siempre refleja el estado de salud. Factores como la composición corporal, la masa muscular y los hábitos alimenticios son determinantes. Smart Fit recomienda enfocarse en objetivos sostenibles, como ganar fuerza, mejorar la movilidad y mantener una alimentación balanceada.

Mito 2: Hacer solo cardio es suficiente para estar en forma

Aunque es correcto afirmar que el ejercicio cardiovascular aporta grandes beneficios al corazón y al metabolismo, es necesario destacar que el entrenamiento de fuerza también es esencial para conservar masa muscular, prevenir lesiones y mantener un metabolismo activo.

Mito 3: Se debe entrenar todos los días sin falta

El descanso también forma parte del progreso. El cuerpo necesita recuperarse para adaptarse al esfuerzo. Entrenar sin pausas puede aumentar el riesgo de lesiones y afectar el rendimiento de la actividad física.

“En Smart Fit queremos acompañar a las personas en su proceso de transformación, brindando espacios accesibles, seguros y con asesoría profesional. Lo más importante no es cuánto peso se pierde, sino cómo se gana salud y calidad de vida”, añadió Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica.

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• Este reconocimiento valida que la organización cuenta con un compromiso real en la descarbonización de su operación, demostrando logros en la compensación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) de su operación, complementados con un plan de gestión de carbono neutralidad robusto.

Bogotá, diciembre 19 de 2025/ Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha obtenido la certificación de carbono neutralidad corporativa bajo la norma ISO 14068-1:2023, por parte de Bureau Veritas Colombia, organización que confirmó la alineación del banco con los principios y requisitos de este estándar internacional, destacando la rigurosidad técnica y el compromiso con la descarbonización de sus actividades, además del uso de una metodología apropiada para el cálculo de su huella de carbono.

De esta forma, Bancamía se convierte en el primer banco y en la segunda empresa del país certificada por Bureau Veritas en alcanzar este reconocimiento, validando su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero bajo la norma ISO 14064-1, demostrando un plan de descarbonización con objetivos claros y logrando la compensación total de su huella de carbono residual para alcanzar la neutralidad climática en su año base.

Como parte fundamental de este logro, el banco se ha trazado un plan para la reducción de sus emisiones de GEI mediante la reconversión tecnológica, que busca sustituir progresivamente equipos de alto consumo energético como aires acondicionados, la adquisición de Certificados de Energía Renovable (REC), y ha avanzado con la instalación de paneles solares en oficinas clave de Bogotá, Medellín y Arauca, como una medida de eficiencia energética. 

En paralelo, Bancamía ha llevado a cabo su estrategia de compensación, adquiriendo Certificados de Carbono provenientes de un proyecto de conservación de bosques en la región Pacífica colombiana (REDD+ Pazcífico Sur), específicamente en Tumaco (Nariño).

Esta iniciativa no solo busca proteger el medio ambiente, evitando las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, protegiendo ecosistemas críticos de la región, sino que tiene un alto impacto social, económico y cultural al trabajar directamente con comunidades afrodescendientes, apoyando el desarrollo de capacidades en el territorio.

Esta certificación se integra a la estrategia climática de Bancamía, diseñada para fortalecer la resiliencia de su modelo de microfinanzas frente al cambio climático. La hoja de ruta de neutralidad del banco establece metas intermedias de reducción absoluta a 2030 y 2035, alineadas con el Acuerdo de París y los objetivos de la iniciativa SBTi (Science Based Targets Initiative), con el firme compromiso de alcanzar el estado de Cero Emisiones Netas (Net Zero) para el año 2050.

«Obtener esta certificación reafirma que nuestra apuesta por la sostenibilidad es medible, rigurosa y está alineada con estándares globales que nos permiten trazar una línea de trabajo para generar impactos reales. En Bancamía entendemos que impulsar el desarrollo productivo de los microempresarios debe ir de la mano con el cuidado del planeta, por eso, nuestra estrategia climática integra acciones concretas de reducción de emisiones con una compensación que genera valor social, protegiendo la biodiversidad y apoyando a comunidades vulnerables”, afirma la presidenta ejecutiva de Bancamía, Viviana Araque Mendoza.

Como próximos pasos, y en cumplimiento de su hoja de ruta hacia la descarbonización, la entidad ha anunciado su adhesión a PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) para 2026, con el fin de realizar un piloto para la medición de emisiones de su cartera de crédito. Este avance se suma a la reciente publicación del primer informe bajo el estándar TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), reafirmando la transparencia en la gestión de riesgos y oportunidades climáticas de la organización.

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Más allá de los discursos y las coyunturas, esta edición propone una mirada integral a quienes aspiran a gobernar el país. A través de entrevistas y perfiles cuidadosamente construidos, los candidatos nos cuentan sobre sus vidas, las decisiones que han marcado su trayectoria personal y política, y las propuestas con las que buscan conquistar el respaldo ciudadano en 2026. El lector encontrará no solo planes de gobierno, sino también las historias, convicciones y dilemas que han dado forma a cada aspiración presidencial.

La revista analiza los ejes centrales que hoy concentran la atención nacional —economía, seguridad, institucionalidad, políticas sociales y gobernabilidad— y cómo cada candidatura interpreta y responde a las demandas de una sociedad diversa, crítica y en constante transformación. Este recorrido permite comprender las diferencias, coincidencias y tensiones que empiezan a definir el tablero político rumbo a las próximas elecciones.

La portada de esta edición refleja el espíritu del número: sobria y reflexiva, invita a pensar el poder desde una perspectiva informada y consciente, alejándose del ruido y la polarización. Más que anticipar resultados, Revista PODER apuesta por ofrecer contexto, análisis y herramientas para que los lectores formen su propio criterio.

Con esta publicación, Revista PODER reafirma su compromiso con un periodismo riguroso, plural e independiente, consolidándose como un referente para entender quiénes buscan liderar el país y qué Colombia proponen para los próximos años.

Disponible en versión impresa y digital, esta edición se convierte en una lectura imprescindible para quienes desean comprender el pulso real de la política nacional y el camino que se abre hacia las elecciones presidenciales de 2026.

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El mandatario señaló que aún existe una posibilidad para que la iniciativa sea revivida mediante la apelación presentada por el senador Fabián Díaz, la cual permitiría que el proyecto sea discutido en la plenaria del Senado. Sin embargo, dejó claro que, de hundirse definitivamente, acudirá a un mecanismo de mayor alcance.

“Aún el Congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia; si no, se hará una Asamblea Constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo Congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, expresó Petro a través de su cuenta en X.

La reforma fue archivada con ocho votos en contra y cinco a favor en la Comisión Séptima. Los senadores que respaldaron el archivo argumentaron que el proyecto carecía de una financiación clara y que no resolvía de fondo los problemas estructurales del sistema de salud colombiano.

Las declaraciones del jefe de Estado reavivan el debate sobre una eventual convocatoria a una Constituyente, una propuesta que Petro ha mencionado en otras ocasiones como alternativa frente a los bloqueos legislativos a sus reformas. El anuncio vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en medio de un ambiente político marcado por la confrontación alrededor de los proyectos emblemáticos del Gobierno.

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La medida, anunciada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se aplicará a partir de la vigencia de 2026 y responde a lo ordenado en la Sentencia T-760 de 2008, así como en los autos 411 de 2016, 007 de 2025 y 2049 de 2025 del alto tribunal.

“Cumplimos un compromiso con los colombianos y corregimos una desigualdad de muchos años, generada por decisiones de gobiernos anteriores. A partir de 2026, la prima pura de la UPC del régimen subsidiado se equiparará en un 95% a la prima pura de la UPC del régimen contributivo”, afirmó el ministro Jaramillo.

La UPC corresponde al valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud para garantizar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS). Su monto es clave para la sostenibilidad financiera del sistema y para asegurar el acceso efectivo a la atención médica tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

El ajuste se produce en medio de la controversia que ha rodeado el cálculo de la UPC durante el actual Gobierno. De hecho, el pasado 13 de diciembre la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el ministro Jaramillo, al considerar insuficiente el ajuste realizado previamente a esta unidad.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la decisión busca avanzar en la equidad del sistema, fortaleciendo la financiación del régimen subsidiado y garantizando mejores condiciones para la atención de millones de colombianos que dependen de este esquema.

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El rechazo estuvo sustentado en varios cuestionamientos técnicos y fiscales. Entre los argumentos expuestos por los congresistas que votaron por el archivo se destacan la falta de claridad sobre el costo total de la reforma, las dudas sobre su sostenibilidad financiera y la ausencia de una posición definitiva del Ministerio de Hacienda frente a la viabilidad presupuestal del modelo propuesto.

La denominada Reforma a la Salud 2.0 buscaba transformar de fondo el sistema actual. Entre sus principales cambios planteaba convertir a las EPS en gestoras de salud y vida, con funciones administrativas como la asignación de citas, la entrega de medicamentos y el seguimiento a la calidad del servicio. Además, proponía que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asumiera directamente los pagos a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías médicas, eliminando la intermediación financiera.

A pesar del archivo, el proyecto aún podría tener un último intento de salvación. El senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, presentó una apelación que permitiría que la Plenaria del Senado decida si respalda o no la decisión de la Comisión Séptima. No obstante, el escenario político luce complejo para el Gobierno.

Las reacciones desde el Ejecutivo no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a los senadores de actuar de manera calculada para impedir que la reforma pudiera revivirse en la Plenaria, como ocurrió con la reforma laboral. “Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que con esta decisión “se blindó el negocio de la salud” y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes. Desde esa cartera insistieron en que archivar la reforma no soluciona la crisis estructural del sistema, sino que la profundiza, afectando especialmente a los pacientes, a los trabajadores de la salud y a los territorios más apartados del país.

Esta no es la primera derrota del Gobierno en esta célula legislativa. En abril de 2024, la Comisión Séptima ya había archivado la primera versión de la Reforma a la Salud con nueve votos en contra. Además, fue escenario de una dura confrontación con el Ejecutivo durante el trámite de la reforma laboral, que solo logró avanzar tras la amenaza de una consulta popular. También jugó un papel decisivo en el hundimiento de la Ley Estatutaria de Educación.

Con este nuevo revés, la Comisión VII reafirma su papel como una de las instancias más adversas para las reformas estructurales del Gobierno Petro y deja en evidencia las dificultades del Ejecutivo para construir mayorías estables en el Congreso.

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La medida, anunciada esta semana por Washington, tiene profundas implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas, tanto para la lucha contra el narcotráfico como para los diálogos en curso entre el Estado colombiano y la mayor organización criminal del país.

¿Quién es el Clan del Golfo?

El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es actualmente la estructura criminal más poderosa del país, con una capacidad estimada de cerca de 9.000 integrantes. La organización heredó las economías ilegales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006, y desde entonces ha consolidado un entramado de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y control territorial.

Durante años, el grupo estuvo bajo el mando de los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga, alias Giovanni y Otoniel. Este último fue capturado en 2021, extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el envío de casi 97 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Tras su salida, el liderazgo quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, un exparamilitar de perfil más bajo, pero con control sobre la estructura central del grupo.

Presencia y expansión territorial

Conocido también como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo nació en la región del golfo de Urabá, entre Antioquia y Chocó, y en tres décadas ha logrado una expansión sostenida hacia la costa Caribe, la frontera con Venezuela y zonas estratégicas del Pacífico colombiano.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la organización tiene presencia en al menos 302 municipios del país. A nivel internacional, controla rutas clave para el tráfico de drogas y migrantes en la frontera con Panamá y mantiene alianzas con redes criminales en ese país para el almacenamiento y envío de estupefacientes.

Diálogos con el Gobierno Petro

En septiembre del año pasado, el Gobierno colombiano inició conversaciones con el Clan del Golfo en Doha, Catar, con el acompañamiento de países como España, Noruega y Suiza. No se trata de un proceso de paz tradicional, sino de un diálogo socio-jurídico enfocado en el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las economías ilegales.

Como parte del proceso, se puso en marcha un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en municipios de Antioquia y Chocó, posteriormente ampliado a zonas de Córdoba y Bolívar. Sin embargo, el diálogo aún carece de un marco jurídico sólido, debido a las diferencias sobre el alcance del sometimiento y la negativa del grupo a aceptar una subordinación plena ante la justicia ordinaria.

Las implicaciones del rótulo terrorista

Con la nueva designación, el Clan del Golfo se convierte en el cuarto grupo armado colombiano incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, junto al ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC). Esta clasificación lo equipara jurídicamente con estructuras criminales como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa.

El rótulo implica la congelación de activos, sanciones financieras y la posibilidad de procesar penalmente a personas o entidades que brinden apoyo directo o indirecto al grupo. Además, complica cualquier tipo de negociación, pues limita la cooperación internacional y endurece el margen de maniobra diplomática del Gobierno colombiano.

La decisión coincide con el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental dentro de su campaña antidrogas, operaciones en las que han sido hundidas al menos 26 embarcaciones y han muerto cerca de 90 tripulantes.

En este escenario, la designación del Clan del Golfo como grupo terrorista plantea nuevos desafíos para la estrategia de seguridad y para la viabilidad de los diálogos que adelanta el Gobierno, en un momento clave para el rumbo de la ‘paz total’.

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Según información preliminar entregada por la Policía, se produjeron dos detonaciones con pocos minutos de diferencia. El director regional de la institución, general Henry Bello, señaló que el tipo de artefactos utilizados coincide con el perfil criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que adelanta un “paro armado nacional” desde el pasado domingo. No obstante, aclaró que las investigaciones continúan y que un equipo especializado de 20 funcionarios fue designado para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad directa del ataque.

El atentado ocurre en el último día del paro armado anunciado por el ELN, una ofensiva que ha incluido acciones violentas en distintas regiones del país. Durante esta jornada, se han reportado asesinatos, quema de vehículos, hostigamientos armados contra estaciones de Policía e intimidaciones a la población civil, pese a que la guerrilla insiste en que sus acciones van dirigidas exclusivamente contra la fuerza pública.

En Cali, las autoridades locales mantienen cautela frente a la autoría del atentado. El alcalde Alejandro Eder afirmó que aún se evalúa qué grupo armado estaría detrás del ataque y recordó que en meses recientes la ciudad fue escenario de atentados atribuidos a disidencias de las FARC, cuyo modus operandi —dijo— presenta similitudes con lo ocurrido este martes. “Estamos en medio de lo que no es otra cosa que una ola terrorista”, señaló el mandatario distrital.

El ataque ha reavivado la preocupación por la expansión de la violencia armada en centros urbanos. De acuerdo con la Alcaldía, este sería el quinto atentado terrorista registrado en Cali en lo que va del año, con un saldo acumulado de 12 personas fallecidas. Eder pidió mayor presencia de la fuerza pública y acciones más contundentes del Gobierno nacional contra las economías ilegales que rodean la ciudad, especialmente en zonas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Tras el atentado, los alcaldes de Bogotá y Medellín expresaron su solidaridad con Cali y con las familias de los policías fallecidos. Ambos coincidieron en exigir un replanteamiento de la estrategia de seguridad y cuestionaron los resultados de la política de “paz total”, al considerar que los grupos armados se han fortalecido y extendido su accionar violento a las principales ciudades del país.

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