Según el ente de control, se investiga la imposición de multas cercanas a los $7.500 millones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, una de ellas por $7.000 millones, derivadas de un error en el cálculo de tarifas que habría obligado a la empresa a reintegrar dinero a los usuarios.

Además, la Procuraduría investiga si la empresa ha incumplido los límites de pérdida de agua, con un aumento del 34% en el desperdicio, lo que podría representar una pérdida de $1.000 millones, atribuida a posibles fallos en el mantenimiento de maquinaria y filtraciones.

También se revisan presuntas irregularidades en el proceso de contratación, ya que durante 2024 se habría direccionado la adjudicación de contratos a un único oferente, por un valor cercano a los $2.000 millones, vulnerando principios de transparencia.

La Procuraduría Provincial de Popayán ha ordenado la recolección de pruebas para identificar a los responsables y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

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Este miércoles 17 de abril el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibirá el fallo de la Procuraduría que podría inhabilitarlo por 15 años por presunta participación en política, luego del video “el cambio en primera”, que realizó mientras era alcalde de la capital paisa.

En su cuenta de “X”, Quintero se anticipó a lo que sería el resultado de este fallo asegurando: “en pocos días la Procuradora Margarita Cabello, violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la constitución y la ley, emitirá un fallo con el que pretende que yo no pueda participar en elecciones presidenciales por 15 años”. Para el exmandatario eso sería un atentado contra la democracia.

En su pronunciamiento en redes sociales, Quintero comparó su proceso con el de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y fue suspendido el 9 de diciembre de 2013, por el entonces Procurador Alejandro Ordoñez. Por esa decisión, el Estado colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que se trataba de un asunto político.

Con precedentes como ese, el exalcalde de Medellín se mantiene en que la decisión que se tomaría este miércoles en su contra es una violación a lo establecido por la CIDH, al asegurar que la Procuraduría no puede suspender derechos políticos de personas electas por votación popular.

«La Procuradora está actuando al estilo venezolano”, dijo Quintero, y comparó su caso con los de María Corina Machado y Leopoldo López en el vecino país. Aseguró que Cabello está utilizando el argumento de “dado que Quintero ya no es alcalde, la Convención Americana ya no le aplica” y lo calificó como un “desprecio profundo a la democracia”.

Sobre el video en disputa

El 10 de mayo de 2022, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero publicó en sus redes sociales un video en el que él se encontraba en el asiento de un carro como conductor y mientras movía la palanca de cambio dijo: “el cambio en primera”. Posterior a esto, se desató la polémica.

Quienes empezaron a cuestionarlo, argumentaron que el exalcalde estaba utilizando la palabra “cambio” haciendo alusión al slogan que Gustavo Petro utilizaba en su campaña a la presidencia. Por esta razón, el diputado de Antioquia Luis Peláez interpuso una demanda en su contra del entonces alcalde.

“Mi defensa no se basa solo en la falta de competencia de la Procuradora, sino también en la falta de fondo del proceso”, dijo Quintero. También aseguró que no hay objetividad de este ente de control al demostrar su participación en política, pues antes de su video no existía una sola publicación del #ElCambioEnPrimera. De esa manera ha justificado en todo su proceso que no estaba haciendo una directa referencia a ninguna de las candidaturas en elecciones del 2022.

Pese al resultado que Quintero está anticipando a pocos días de que le sea entregado el fallo, aseguró que buscará justicia en instancias internacionales, pedirá apoyo a la ciudadanía y según él, defenderá la democracia.

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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una segunda investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López Martínez. 

Esta vez, por presuntas irregularidades durante el proceso de adquisición de tanques de reserva de agua para La Guajira, por un valor de $8 mil millones.

El Ministerio Público cuestionó si estos tanques cumplen con los objetivos para los que fueron adquiridos, lo cual se suma a la investigación previa por la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.

En un comunicado, el ente de control destacó que Carlos Carrillo, quien tomó la dirección de la entidad tras la salida de Olmedo López, denunció la orden de proveeduría que este dejó. 

Según Carrillo, aparentemente solo 166 de los tanques fueron entregados, muchos de ellos serían defectuosos.

La Procuraduría anunció que verificará los detalles del contrato, incluyendo la existencia de las pólizas obligatorias y el estado de los tanques almacenados en las instalaciones del batallón de Cartagena, así como posibles incumplimientos en la entrega de los tanques faltantes.

Finalmente, el Ministerio Público busca establecer si existió conductas presuntamente irregulares por parte del investigado y determinará si estas constituyen faltas disciplinarias o si se actuó o no, amparado bajo una causal de exclusión de responsabilidad.

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