Con más de 16 años de trayectoria en el sector privado, Trujillo dio el salto a la política con el objetivo de impulsar el crecimiento de Popayán. Su historia de esfuerzo y resiliencia lo ha llevado a proponer una gestión basada en la transparencia, la eficiencia y el trabajo en equipo, destacando el papel fundamental del Concejo en la transformación de la ciudad.

Uno de los principales objetivos de su mandato es fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Concejo Municipal, destacando su papel no solo en la aprobación de proyectos, sino también en el control político para garantizar el bienestar de la población. “Queremos que la comunidad comprenda que nuestro trabajo no solo es debatir y aprobar propuestas, sino también fiscalizar y garantizar que las decisiones se tomen con transparencia y en beneficio de la gente”, afirmó Trujillo.

Ante la creciente preocupación por la seguridad en la ciudad, el presidente del Concejo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se refuercen las estrategias de seguridad en Popayán. “Necesitamos mayor inversión en seguridad para combatir la delincuencia y generar entornos más seguros para la ciudadanía. Es fundamental fortalecer la presencia de la fuerza pública y trabajar en soluciones estructurales que permitan reducir los índices de criminalidad”, expresó.

En su liderazgo, Trujillo busca consolidar un Concejo independiente, eficiente y comprometido con el desarrollo de Popayán, promoviendo iniciativas que generen más oportunidades para la población. “Nuestra ciudad tiene un gran potencial, y desde el Concejo queremos impulsar cambios estructurales que permitan mejorar la calidad de vida de los payaneses y fortalecer la economía local”, concluyó.

Con esta nueva dirección, el Concejo Municipal de Popayán se proyecta como un espacio de debate constructivo y decisiones estratégicas, donde la prioridad será el bienestar y el crecimiento sostenible de la ciudad.

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«Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza y el honor de haberme nombrado para liderar esta gran entidad en el Gobierno del Cambio, que ha sido construida con esfuerzo y la esperanza de millones de colombianos y colombianas», manifestó López en diferentes medios de comunicación.

La salida de López se da en un contexto de tensiones políticas dentro del gobierno, particularmente tras discrepancias que se hicieron evidentes durante un Consejo de Ministros transmitido en vivo el pasado 4 de febrero. Aunque inicialmente fue un firme aliado del presidente Petro, respaldando también la precandidatura de Francia Márquez en las elecciones, su renuncia se suma a una serie de cambios en el gabinete que han generado incertidumbre política en los últimos días.

El futuro inmediato del DNP y los planes estratégicos en curso quedarán ahora a la espera de un nuevo liderazgo, en medio de la transición y los retos que enfrenta el actual gobierno.

Foto: Senado

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El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, interviene de manera remota, seguido por la declaración del expresidente. Posteriormente, se establece el cronograma para la presentación de pruebas y la participación de testigos de ambas partes.

Siga la transmisión en vivo y conozca de primera mano el desarrollo del juicio, los argumentos de la defensa y las intervenciones clave de este proceso judicial de gran relevancia para el país. ¡No se lo pierda!

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Durante la diligencia, se produjo un momento de tensión con la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, quien rechazó una solicitud de aplazamiento presentada por su defensa.

El abogado de Uribe, Jaime Granados, solicitó un aplazamiento de siete días para revisar un material forense obtenido de computadores y teléfonos celulares, relacionado con el testimonio del testigo clave, Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, la jueza consideró que el descubrimiento de pruebas ya se había realizado y que el pedido podría ser una táctica dilatoria. Esta decisión provocó que Granados presentara un recurso de queja.

Uribe decidió abandonar la audiencia al negarse a responder si se declaraba inocente o culpable. “Ay, señora, ay, señora juez, por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta”, manifestó. Luego, expresó: “Me parece que en este proceso hay un daño que, si la justicia colombiana no corrige, será irreparable tanto para la justicia como para mí. Continuar adelante negándome el acceso a las pruebas es una violación a mis derechos. Me retiro, señora juez”.

La defensa sostiene que hay evidencia, incluidos videos grabados con un reloj espía perteneciente a Monsalve, que no ha sido presentada anteriormente. “Lo que entregó la Fiscalía, su señoría, corresponde a material inédito, es decir, no conocido por la defensa en estos seis años que lleva este proceso”, afirmó Granados.

El 27 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá también negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Uribe, con el que se buscaba poner fin al caso en su contra.

¿Cuál es el Estado del Proceso Contra el Ex Presidente?

Uribe está bajo investigación desde 2019, cuando fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema. En 2020, el magistrado César Reyes ordenó su detención preventiva; sin embargo, renunció a su cargo en el Congreso antes de ser condenado. Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación ha intentado cerrar el caso en dos ocasiones, ambas infructuosas.

El ex presidente enfrenta cargos por fraude procesal y soborno en actuación penal, y recientemente se anunció que también será investigado por el delito de soborno.

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Esta petición se solicitó en la Convención Americana, en la cual se encuentra  suscrita tanto Colombia como Estados Unidos, que contempla la asistencia en materia penal. Dado que la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el evento, la JEP ha solicitado su colaboración para agilizar una respuesta.

La decisión de recurrir a la Fiscalía se tomó después de nueve meses de espera y de que el juez Raúl Sánchez señalara que, aun con los esfuerzos diplomáticos de la Cancillería y del embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, no se ha logrado avanzar en la desclasificación de los documentos. Fue entonces que se le realizó la solicitud a la Fiscalía debido a la falta de resultados.

Con el fin de obtener una pronta respuesta, la JEP ha dado a la Fiscalía un plazo de 20 días para tramitar la solicitud de asistencia judicial ante Estados Unidos. Hace un mes, la JEP ya había solicitado esta misma ayuda a la Cancillería, pero no se dio respuesta. Si en este caso la Fiscalía realiza el proceso deberá informar sobre el cumplimiento de esta orden y una vez recibida la respuesta de las autoridades estadounidenses comunicar el contenido de la misma.

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El caso inició cuando Monsalve y Quintero salieron de la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) en Medellín. Tras abandonar el lugar, fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a subir a un vehículo. Actualmente, su paradero sigue siendo desconocido.

En la investigación se evidenció que el mismo día de su desaparición, Quintero había denunciado ante la Fiscalía la desaparición de tres familiares, sin saber que su línea telefónica estaba siendo vigilada por agentes del Gaula.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha estado a cargo de la investigación, buscando esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. Después de años de investigación, el pasado viernes, la Fiscalía General de la Nación lo acusó   por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada y emitió una resolución de acusación que confirma que Santoyo enfrentará juicio por su presunta implicación en estos hechos.

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De acuerdo con la CCJ y su coordinador, el general retirado ha sido vinculado al caso debido a su papel como jefe en el Gaula. Testigos han afirmado que Santoyo trabajó en complicidad con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llevar a cabo crímenes contra la población civil. “Se habría evidenciado la responsabilidad de Santoyo; aunque estuvo en el Gaula entre 1997 y 1999, continuó desempeñando un rol de mando posteriormente”, concluyó el ente investigador.

La acusación fue dada por un fiscal que ha decidido que el caso puede avanzar hasta completar toda la fase de investigación. Por esta razón, no participará en el juicio ni en la eventual sentencia que se emita, ya que su función corresponde a una etapa anterior del proceso.

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