Un anuncio positivo, pero con errores de concepto

El presidente compartió la noticia en su cuenta de X (antes Twitter), destacando la importancia del medicamento y la reducción de su costo, gracias a su declaratoria de interés público en junio de 2024. La medida fue ampliamente respaldada por organizaciones nacionales e internacionales, ya que el dolutegravir es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tratamiento de primera línea contra el VIH desde 2019, debido a su alta eficacia y menores efectos adversos. No obstante, en su mensaje Petro cometió varias imprecisiones que generaron debate en la comunidad científica y entre activistas por los derechos de las personas con VIH.

El mandatario afirmó: “Esta es la reforma a la salud que prometimos y ya la adelantamos. Aquí hay 300.000 tabletas del primer lote de dolutegravir. Esta medicina que logra hacer retroceder el VIH, no solo evita de por vida el sida, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar.”

Diversos expertos han señalado que estas afirmaciones contienen errores que podrían contribuir a la desinformación.

¿Dolutegravir cura el VIH?

Uno de los principales errores en la declaración del presidente es la idea de que este medicamento “hace retroceder el VIH”. En realidad, el dolutegravir no cura la infección ni la revierte, sino que suprime la replicación del virus en el organismo, lo que permite que las personas vivan con una carga viral indetectable si siguen el tratamiento adecuadamente. La Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) aclaró en X: “Dolutegravir no ‘hace retroceder’ el VIH, pero sí es un inhibidor de la integrasa altamente eficaz que suprime la replicación del virus cuando se usa dentro de un esquema de tratamiento antirretroviral adecuado.”

La idea de una cura para el VIH ha sido un tema recurrente en la opinión pública, pero los avances científicos aún no han logrado erradicar completamente el virus del cuerpo humano. Por ello, los especialistas insisten en que es clave comunicar la información de manera rigurosa para evitar falsas expectativas.

VIH y sida no son lo mismo

Otro punto problemático en la declaración de Petro es su afirmación de que el medicamento “evita de por vida el sida”. Es importante diferenciar ambos términos: el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es el agente infeccioso, mientras que el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la fase avanzada de la infección, cuando el sistema inmunológico está gravemente comprometido.

El dolutegravir es una herramienta clave para evitar que el VIH progrese hasta convertirse en sida, pero esto depende de la adherencia continua al tratamiento. Si un paciente interrumpe el esquema terapéutico o si el virus desarrolla resistencia, la infección podría avanzar y derivar en el desarrollo del sida.

El lenguaje importa: el estigma detrás de “contaminar”

Uno de los aspectos más criticados del mensaje del presidente fue su afirmación de que el medicamento permitiría que un paciente “pueda incluso dejar de contaminar”. La comunidad científica y activistas en derechos humanos han señalado que el uso de este término refuerza el estigma contra las personas que viven con VIH.

Julián A. Fernández-Niño, doctor en Epidemiología y funcionario de la Secretaría de Salud de Bogotá, comentó: “Llevamos años luchando contra el estigma en VIH que comienza en el lenguaje. No se puede hablar de ‘contaminar’ a nadie con VIH.”

ONUSIDA, la agencia de Naciones Unidas especializada en la respuesta al VIH/SIDA, ha insistido en la importancia del lenguaje en la lucha contra la discriminación. En sus orientaciones terminológicas de 2015, establece que el adjetivo contaminado debe usarse únicamente en referencia a objetos, nunca a personas.

El uso de una terminología adecuada no solo es una cuestión de precisión científica, sino de respeto por la dignidad de quienes viven con VIH. Conceptos erróneos pueden reforzar prejuicios y contribuir al miedo y la discriminación, lo que desincentiva a muchas personas a realizarse pruebas de detección o a buscar tratamiento.

El acceso al medicamento: entre barreras y costos

En su mensaje, Petro también aseguró que el dolutegravir era “carísimo en el mercado, imposible para un trabajador o sus hijos, las EPS no la recetaban por su precio y muchas personas murieron de sida pudiendo evitarlo.” Si bien el alto costo del medicamento era un obstáculo, la afirmación de que las EPS no lo recetaban no es del todo precisa.

En Colombia, las EPS no son responsables directas de recetar medicamentos, ya que esta es una función de los médicos tratantes en las instituciones prestadoras de salud (IPS). Las EPS, en cambio, deben autorizar y garantizar la entrega del tratamiento a los pacientes, lo cual en algunas ocasiones ha enfrentado retrasos o barreras administrativas, pero no una negación sistemática por su precio.

El dolutegravir forma parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y su acceso está garantizado para quienes lo necesiten. Sin embargo, el alto costo del medicamento en su versión de marca sí ha sido un problema para el sistema de salud. Según datos del Ministerio de Salud, antes de la declaratoria de interés público, un frasco de 30 tabletas costaba $401.574, mientras que la versión genérica de la OPS se consigue por $11.147. Gracias a esta reducción de costos, el gobierno espera ampliar significativamente el acceso a este tratamiento.

El reto de garantizar el acceso al tratamiento

A pesar de los avances, Colombia aún enfrenta desafíos en el acceso al tratamiento antirretroviral. Según la Cuenta de Alto Costo, en 2024 el 80,38% de las personas que viven con VIH estaban en tratamiento, una cifra inferior a la meta del 95% establecida por ONUSIDA en su estrategia global para 2030.

Las dificultades en la entrega oportuna del tratamiento y las desigualdades en el acceso a la salud siguen siendo problemas pendientes. Mientras que regiones como Bogotá y el Pacífico presentan la cobertura más baja, otras zonas del país han logrado un acceso más equitativo.

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Durante la mañana del jueves, se hizo pública una carta enviada por Audifarma a Nueva EPS en la que advierte que, de no recibir el pago de los valores pendientes, se verá en la obligación de interrumpir la distribución de medicamentos. Según Audifarma, la EPS aún no ha cumplido con ciertos compromisos financieros adquiridos, lo que dificulta su operatividad y capacidad de abastecimiento.

Por su parte, Nueva EPS respondió argumentando que ha realizado pagos significativos al gestor farmacéutico y que, en cambio, es Audifarma quien ha incumplido con los acuerdos pactados en diciembre. La entidad de salud afirmó que desde diciembre de 2024 hasta enero de 2025 ha girado más de 193.000 millones de pesos a Audifarma y que solo resta por pagar 3.900 millones de pesos correspondientes a presupuestos máximos. Sin embargo, la farmacéutica sostiene que, de los 110.000 millones de pesos que debían ser desembolsados, apenas ha recibido 43.000 millones.

Adicionalmente, la EPS señaló que, tras realizar auditorías en tiempo real, detectó que Audifarma ha incumplido en un 87% la entrega total de medicamentos, afectando a pacientes con órdenes de tutela, personas con enfermedades huérfanas y aquellos que requieren anticonvulsivos. También recordó que Audifarma había acordado implementar mejoras en sus procesos logísticos y de abastecimiento antes del 25 de diciembre de 2024 en los puntos farmacéuticos priorizados y en los departamentos previamente acordados con la EPS.

Ambas partes han manifestado su disposición a dialogar para encontrar una solución al problema. No obstante, la falta de consenso sigue generando incertidumbre, especialmente entre los afiliados que dependen de estos tratamientos para mantener su calidad de vida.

Por el momento, la Superintendencia de Salud, que ha participado en las negociaciones entre Nueva EPS y Audifarma, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la situación. Se espera que en los próximos días haya avances en las conversaciones para evitar la interrupción del suministro de medicamentos, un servicio esencial para miles de pacientes en el país.

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En el documento, Audifarma señala que durante esas reuniones se acordó un plan de pago, según el cual la EPS debía girar un total de $110.000 millones para el mes de enero. Sin embargo, para finales de dicho mes, la entidad solo había desembolsado $43.282 millones, lo que genera una deuda acumulada que supera los $480.000 millones. Ante esta situación, el gestor farmacéutico asegura que no es posible seguir prestando el servicio de dispensación de medicamentos a los afiliados de Nueva EPS sin el cumplimiento de estos pagos.

El incumplimiento de los compromisos pactados no solo pone en riesgo la relación comercial entre Audifarma y Nueva EPS, sino que también amenaza la salud de millones de usuarios, en especial aquellos con enfermedades crónicas o de alto costo, ya que podría comprometer la disponibilidad de medicamentos esenciales para el control de sus patologías. «La eventual falta de pago pone en grave riesgo la vida de millones de usuarios», advirtió Audifarma en su carta, destacando la necesidad urgente de asegurar los recursos para continuar con el suministro.

En el mensaje, Audifarma hace un llamado a la EPS para que se adelanten los pagos pendientes y se cumpla con lo acordado, para evitar la suspensión del servicio. De no recibir una respuesta favorable, la empresa procederá con la suspensión de la prestación del servicio de dispensación de medicamentos a partir del próximo 28 de febrero. La carta concluye con una expresión de esperanza en seguir contando con el apoyo de la Nueva EPS como «aliado estratégico» para superar los retos en la atención farmacéutica y seguir garantizando la salud de los afiliados.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de Nueva EPS, aunque la entidad ha confirmado que en las próximas horas emitirá un comunicado al respecto. Esta situación ha generado incertidumbre entre los usuarios, quienes temen por la continuidad de su acceso a tratamientos y medicinas vitales para su salud.

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Más de un millón de colombianos con enfermedades cardiovasculares, trasplantes u otras patologías complejas enfrentan la falta de medicamentos fundamentales, lo que genera una creciente preocupación tanto en el sector como entre los afectados.

Diana Margarita Ojeda, procuradora de Salud, ha subrayado la necesidad de replantear la asignación de recursos a las EPS, considerando factores como la demografía, el uso de tecnologías avanzadas y la aparición de nuevas enfermedades. “Estos factores no han sido considerados en la asignación de recursos”, advirtió. Según datos de 2024, la magnitud de la crisis se evidencia en las 248.000 tutelas y más de 1,4 millones de peticiones, quejas y reclamos presentados por los afiliados al sistema de salud, así como en el hecho de que el 60 % de la población está afiliada a EPS intervenidas por el gobierno. «No ha habido solución al problema durante todo un año», lamentó Augusto Galán, exministro de Salud.

Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro busca avanzar en la aprobación de la reforma a la salud, considerada por muchos como una medida clave pero altamente polarizante. El presidente ha convocado sesiones extraordinarias en el Congreso para continuar con el trámite del proyecto, que en 2024 logró aprobar únicamente 23 de los 62 artículos propuestos. Sin embargo, el avance limitado y la fuerte oposición política generan dudas sobre su viabilidad. Mientras los críticos advierten que la reforma podría agravar la crisis, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, insiste en que esta es fundamental para transformar un sistema que considera “ineficiente e inequitativo”.
Con la incorporación de 40 nuevos artículos al debate legislativo, la reforma enfrenta también cuestionamientos relacionados con el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las controversias sobre la financiación del sistema.

Paralelamente, la crisis afecta no solo a los pacientes, sino también a los trabajadores del sector. Esto quedó evidenciado en las recientes protestas del personal del Hospital El Tunal, en Bogotá, donde se denunciaron retrasos en los salarios y condiciones laborales precarias.

La situación exige soluciones urgentes y un replanteamiento integral del modelo de salud para garantizar el acceso y la calidad de los servicios. Tanto la reforma como las medidas inmediatas serán determinantes para el futuro del sistema y para la vida de miles de colombianos que dependen de él.

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Este convenio busca normalizar los servicios de dispensación de medicamentos a más de 1.6 millones de personas asignadas a este proveedor en 11 departamentos del país. La iniciativa cuenta con el acompañamiento directo de la Superintendencia Nacional de Salud para asegurar que los afiliados no enfrenten interrupciones en la entrega de sus medicinas.

Bernardo Camacho Rodríguez, agente interventor de la Nueva EPS, y Sergio Andrés Ramírez, gerente de medicamentos de Colsubsidio, lideraron las negociaciones que culminaron en este importante acuerdo. “Nuestro principal objetivo es garantizar que los afiliados reciban sus medicamentos de manera oportuna y completa”, afirmó Camacho. Por su parte, Ramírez destacó la necesidad de regularizar el flujo de recursos hacia Colsubsidio como una medida fundamental para asegurar la continuidad del servicio.

Este compromiso incluye la revisión de cuentas pendientes y la realización de compromisos de pago, acciones que se concretaron en una mesa técnica convocada por ambas entidades.

La red de Colsubsidio, compuesta por alrededor de 93 puntos de entrega distribuidos en los departamentos asignados, será clave para que más de un millón de afiliados accedan a sus medicamentos sin contratiempos. Este esfuerzo no solo refleja el compromiso de ambas instituciones, sino que también subraya la importancia de fortalecer alianzas estratégicas en el sector salud, especialmente en momentos de alta demanda y complejidad operativa.

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Los ciclos de visita se llevarán a cabo en La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Córdoba, regiones del país que presentan mayores dificultades en la prestación de servicios de salud. Además, según informó Duver Vargas, agente especial interventor de Sanitas, se han solicitado medidas de contingencia para descongestionar el servicio y mejorar la experiencia de los afiliados.

“A través de los planes de trabajo buscamos establecer los correctivos necesarios que aseguren el cumplimiento de los compromisos asumidos. Durante esta semana se tomarán medidas para evitar que los usuarios enfrenten demoras en sus tratamientos. Si bien se han detectado problemas en algunas regiones, en otras el sistema está funcionando de manera adecuada, reflejando el progreso en la mejora del servicio”, manifestó Vargas. 

Con el fin de mejorar la experiencia de los afiliados, la EPS Sanitas también dio respuesta a 3.145 solicitudes a través de los distintos canales habilitados: call center (1.992), canales virtuales (50) y presenciales (1.276). Asimismo, Duver Vargas indicó que las visitas de supervisión iniciarán en los departamentos de La Guajira y Cesar y seguirán en Norte de Santander y Córdoba.

Después de realizar estos recorridos, la entidad espera contar con un diagnóstico claro y profundo de las áreas críticas y las acciones necesarias para mejorar la distribución de medicamentos y así  garantizar que los compromisos asumidos se cumplan de forma efectiva en todas las regiones visitadas.

Hasta la fecha, la EPS ha logrado garantizar más de 23.000 autorizaciones para la entrega de medicamentos.

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