La controversia surgió cuando el magistrado suspendió el juicio mientras se resuelve una tutela interpuesta por la defensa de Uribe, que solicita el cambio de la jueza a cargo del caso. Según los abogados del expresidente, la jueza habría demostrado falta de imparcialidad. Sin embargo, tras emitir la orden de suspensión, Riaño se declaró impedido para continuar con el trámite de la tutela, argumentando un conflicto de intereses debido a su vínculo indirecto con Luis Eduardo Montealegre, quien actúa como víctima en el caso.

Montealegre cuestionó la actuación del magistrado, señalando que debió haberse declarado impedido antes de tomar una decisión tan relevante. “Si sabía que tenía un impedimento, ¿por qué esperó a decretar una medida cautelar que favorece al expresidente?”, afirmó el exfiscal, quien pidió una investigación por posibles irregularidades en el procedimiento.

Por su parte, la defensa de Uribe insiste en que la tutela presentada el 11 de febrero es legítima y busca garantizar un juicio imparcial. De ser aceptada, podría implicar el cambio de la jueza asignada, lo que afectaría el desarrollo del proceso.

Este episodio añade un nuevo giro al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, iniciado en 2018, que permanece estancado mientras se resuelven las disputas legales en torno al manejo del caso. La denuncia contra el magistrado Riaño pone nuevamente en el foco público la independencia y transparencia del sistema judicial colombiano.

Foto: Colprensa

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