Aunque EPM ha sido cautelosa al señalar el origen de los mineros responsables, esta problemática ha vuelto a poner sobre la mesa el auge de la minería en el río Porce, situación que, hace más de una década, obligó a la empresa a abandonar la construcción de Porce IV.

La compañía ha expresado su preocupación y espera realizar en breve una operación controlada para desmontar el jarillón, evitando así una posible emergencia que afectaría no solo a Amalfi y Anorí, sino también a Nechí, El Bagre, Zaragoza y Caucasia. Sin embargo, el panorama para encontrar una solución definitiva sigue siendo incierto. A pesar de que EPM alertó sobre la situación a mediados de este mes, precisó que la minería ilegal se ha establecido en la zona desde octubre de 2024.

Según videos captados con drones, la operación minera ilegal se ha apoderado de una porción del río Porce y de predios de EPM. En la zona, se ha desplegado maquinaria pesada para remover y acumular material del lecho del río, aumentando el riesgo de un desastre ambiental y operativo.

La minería en el río Porce data de la fundación de municipios como Anorí y Amalfi en el siglo XIX. Durante generaciones, los habitantes de la región han dependido de la extracción de oro, inicialmente con técnicas tradicionales e informales. Sin embargo, desde la década de 1980, la minería creció en escala, utilizando dragas y retroexcavadoras, lo que aumentó su impacto ambiental y social.

Durante el fin de semana, el Ejército y la Fiscalía realizaron un operativo en la zona afectada, destruyendo la maquinaria utilizada en la minería ilegal y desmantelando el campamento minero. Ahora, EPM espera iniciar las maniobras necesarias para desmontar el jarillón y mitigar el riesgo para la infraestructura de la hidroeléctrica.

Foto: ARGOS

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La operación, denominada ‘Ruta Negra’, permitió impactar significativamente el comercio ilícito de combustibles con beneficios arancelarios de zona de frontera. Estos hidrocarburos, que debían ser destruidos legalmente en Nariño, estaban siendo desviados para abastecer laboratorios clandestinos de producción de cocaína.

Durante el operativo, se realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura de cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de destinación ilegal de combustibles. Además, se incautaron 500 galones de hidrocarburos que eran utilizados en esta actividad ilícita.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la posible participación de más personas en esta red y prevenir nuevas actividades de tráfico ilegal de combustibles en la región.

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