El evento está diseñado para proporcionar asesoría personalizada a los contribuyentes morosos, quienes podrán conocer de primera mano las nuevas condiciones para saldar sus deudas tributarias, que incluyen impuestos, multas, sanciones  Una de las principales modificaciones en los acuerdos de pago es la reducción en el porcentaje de la cuota inicial, que ha pasado del 30 % al 10 % del saldo total de las obligaciones (que incluye capital, intereses y sanciones). Este ajuste busca facilitar el acceso al pago de deudas para más contribuyentes, especialmente aquellos que no pueden afrontar un pago inicial tan elevado.

Además, la entidad, anunció que los plazos para el pago han sido adaptados a la capacidad económica de los contribuyentes. Aquellos que opten por plazos menores a un año no tendrán que presentar garantías, mientras que para plazos de uno a cinco años, se requiere una garantía respaldada por bienes avaluados en el doble del valor de la deuda.

La Feria de Servicios está dirigida a las personas que tienen deudas con el Distrito por impuestos, multas, sanciones o intereses moratorios, siempre que el valor de la obligación sea igual o superior a 100 UVB (Unidad de Valor Básico), lo que equivale a aproximadamente $1.155.200 de pesos. 

Con esto, el Distrito busca recuperar aproximadamente  $1,4 billones durante el 2025, una cifra significativa que será destinada a la realización de inversiones en bienes y servicios que beneficiarán a toda la ciudadanía. De este modo, la Alcaldía busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de los bogotanos a través de proyectos financiados con los recursos obtenidos por el pago de impuestos.

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La decisión del alto tribunal de ratificar los autos, a pesar de las solicitudes de aclaración presentadas por el Gobierno Nacional, pone en evidencia la gravedad de la situación económica del sector salud en el país. Según explicó el Ministerio de Salud en su comunicado, las aclaraciones solicitadas se dieron debido a los “serios motivos de duda” que surgieron respecto al cumplimiento de las órdenes, lo cual dificultaba su implementación inmediata.

En este contexto, el Ministerio aseguró que la Corte Constitucional reafirmó su competencia exclusiva para establecer y analizar la suficiencia de la UPC, sin la necesidad de recurrir a una mesa o cuerpo colegiado compuesto por diferentes actores del sector. Este punto se había planteado previamente como una preocupación por parte del Gobierno Nacional. La Corte aclaró que no es su responsabilidad definir la suficiencia de la UPC, lo que generó algunas contradicciones en los puntos del auto, especialmente al declarar la insuficiencia de la UPC para la anualidad de 2024.

A pesar de estas discrepancias, la cartera de Salud, liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo, se comprometió a implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional. Según el comunicado, el Ministerio trabajará en la creación de herramientas y métodos adecuados para hacer frente a la crisis económica que afecta al sistema de salud, un sector que ha enfrentado dificultades históricas debido a la falta de recursos y financiación.

La noticia llega en un momento crítico, ya que desde hace varias semanas, gremios del sector salud y diversos líderes políticos han estado exigiendo al Gobierno Nacional que cumpla con los requerimientos para garantizar la sostenibilidad del sistema. La crisis financiera que atraviesa el sector se ha convertido en uno de los temas más urgentes en la agenda política del país, con un modelo de salud cada vez más sobrecargado y sin los recursos suficientes para operar de manera efectiva.

La medida tomada por el Ministerio de Salud refleja una respuesta ante la creciente presión por parte de los actores del sector, quienes señalan que la falta de recursos está llevando al sistema a un punto de quiebre. Con la confirmación del acatamiento a las órdenes de la Corte Constitucional, se espera que en los próximos meses se avance en la solución de las deudas y se revise la suficiencia de la UPC, un proceso que podría tener repercusiones a largo plazo en la estructura financiera del sistema de salud en Colombia.

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