Los condenados pertenecían a los bloques Calima y Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructuras armadas que operaron con brutalidad en zonas rurales y urbanas. Las víctimas incluyen líderes sociales, campesinos, indígenas y afrocolombianos, muchos de ellos asesinados por razones políticas o de control territorial.

Las penas impuestas oscilan entre 6 y 8 años de prisión, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que busca la desmovilización y contribución a la verdad por parte de excombatientes. El fallo también ordena medidas de reparación simbólica y colectiva para las comunidades afectadas.

Este proceso judicial representa un avance en la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Organizaciones de derechos humanos han valorado el fallo como un paso importante, aunque insisten en que aún falta mucho por esclarecer.

La sentencia reafirma el compromiso del Estado colombiano con la justicia transicional y la memoria histórica, en medio de los desafíos que enfrenta el país para consolidar la paz.

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¿Qué resolvió el Tribunal Superior?

El fallo del Tribunal sostuvo que la Fiscalía no demostró de forma fehaciente que Uribe instruyera al abogado Diego Cadena para contactar testigos y ofrecerles beneficios con el fin de alterar sus declaraciones. En consecuencia, la sentencia de primera instancia fue revocada y Uribe fue absuelto de los cargos.

La Fiscalía alza la voz ¿qué pide?

El ente acusador indicó que presentará un recurso de revisión ante la Corte Suprema, argumentando que el fallo del Tribunal Superior pasó por alto elementos probatorios clave y que sería necesario analizar la decisión en última instancia judicial. La defensa de Uribe, por su parte, considera que la absolución es definitiva.

Implicaciones para la justicia en Colombia

El caso Uribe ha estado en el centro del debate público y judicial durante más de una década y representa un hito en la jurisprudencia del país por su implicación política y mediática. La posibilidad de que la Corte Suprema asuma la revisión remarca la complejidad del proceso y su impacto en la credibilidad del sistema judicial colombiano.

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De acuerdo con el organismo, 2.081 personas han tenido que abandonar sus hogares en Briceño, provenientes de 23 veredas, lo que supera la capacidad institucional del municipio.
En Anorí, la situación también es crítica: 176 habitantes de la vereda Los Trozos (sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho) fueron desplazados durante los últimos días, según el más reciente reporte.

La Defensoría pide intervención inmediata del Gobierno nacional

La Defensoría solicitó a los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, al Departamento de Prosperidad Socialy a la Unidad de Restitución de Tierras, convocar de manera extraordinaria el Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, con el fin de coordinar una respuesta urgente ante la emergencia.

Asimismo, hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para adelantar acciones de desminado humanitario, que permitan el retorno seguro de las familias desplazadas y garanticen la protección de las comunidades campesinas.

Tarazá, otro municipio en riesgo por minas antipersonales

La Defensoría advirtió que en Tarazá se han detectado artefactos explosivos en varias veredas, lo que ha obligado al desplazamiento de más de 60 familias y mantiene 33 personas confinadas.
Estos hechos agravan la situación de seguridad en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia, donde se cruzan las rutas del narcotráfico y la disputa territorial de los grupos armados ilegales.

Un llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario

El ente defensor pidió a los grupos armados respetar la vida y la integridad de la población civil, y abstenerse de involucrarla en las hostilidades, tal como lo exige el Derecho Internacional Humanitario.
“La situación en Antioquia demanda acciones inmediatas y articuladas del Estado, no solo asistencia humanitaria temporal, sino una presencia institucional permanente”, señaló la entidad en su comunicado.

Contexto: una crisis anunciada

La Alerta Temprana 045 de 2020 ya advertía el riesgo de desplazamientos, enfrentamientos y asesinatos en esta región del nordeste antioqueño. Cinco años después, esas advertencias se han materializado con un nuevo ciclo de violencia que mantiene a las comunidades atrapadas entre el fuego cruzado.

La Defensoría del Pueblo insistió en que la crisis humanitaria en Antioquia no puede esperar más, e instó al Gobierno a reforzar la presencia institucional y militar, garantizar la asistencia humanitaria inmediata y promover el diálogo territorial que permita reducir la violencia en esta zona históricamente golpeada por el conflicto.

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La indagación fue asumida por un fiscal seccional de Bogotá, quien ordenó la apertura de una noticia criminal a raíz de la denuncia presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán. En esta se investigan delitos como terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, daño en bien ajeno agravado y perturbación del transporte público.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía Seccional de Bogotá dispuso actos urgentes de investigación en el marco de un programa metodológico que incluye la revisión técnica de videos, la toma de entrevistas y la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque. Además, busca establecer quiénes financiaron y coordinaron los hechos violentos protagonizados por un grupo de manifestantes provenientes de la Universidad Nacional, que habría participado en los disturbios del viernes pasado.

El alcalde Galán afirmó que lo ocurrido “no fue un hecho de protesta pacífica, sino una acción planeada, coordinada y deliberada para intimidar a los bogotanos”. Agregó que se trató de una estrategia violenta diseñada para generar miedo en distintos puntos de la ciudad y que puso en riesgo tanto a la fuerza pública como a una misión diplomática.

El mandatario distrital informó que la situación fue puesta en conocimiento de la ONU y de la Defensoría del Pueblo, solicitando acompañamiento y medidas frente a la gravedad de los hechos. “Respetamos el derecho a la protesta, pero no aceptamos ni permitiremos ataques premeditados ni hechos de violencia”, concluyó Galán.

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Fortalecimiento del control y la vigilancia

Durante su mandato, Rubiano lideró la implementación de auditorías forenses internacionales para el seguimiento de los recursos del sistema de salud, con el fin de garantizar transparencia en el manejo financiero de las EPS y entidades hospitalarias.
También promovió la creación de mecanismos de fiscalización más estrictos que permitieron detectar irregularidades en pagos, contratos y procesos de atención, fortaleciendo la capacidad sancionatoria de la Superintendencia.

El exfuncionario resaltó que, durante su gestión, se realizaron más de 8.000 acciones de inspección, vigilancia y control, logrando recuperar parte de los recursos que estaban en riesgo dentro del sistema.

Avances en atención primaria y seguimiento a EPS intervenidas

Rubiano subrayó que la Supersalud impulsó el fortalecimiento de la atención primaria en salud en el marco del modelo preventivo y predictivo que lidera el Ministerio de Salud.
Asimismo, señaló que varias EPS intervenidas lograron estabilizar sus redes de prestación, alcanzando niveles de contratación superiores al 95 % con la red pública y privada en distintas regiones del país.

Entre los logros más destacados, mencionó el acompañamiento técnico a las entidades bajo medida especial, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y reducir el número de quejas de los usuarios.

Desafíos persistentes y percepción ciudadana

A pesar de los avances, el informe también reflejó que persisten problemas estructurales en la atención al usuario, especialmente en EPS con dificultades financieras o bajo procesos de intervención.
De acuerdo con datos recientes, las quejas de los usuarios aumentaron en algunas de estas entidades, lo que evidencia que aún existen brechas entre la gestión administrativa y la calidad del servicio recibido.

Rubiano reconoció que el sistema requiere mayor articulación entre el aseguramiento, la prestación y la gestión territorial de la salud, de modo que los ciudadanos sientan resultados tangibles en el acceso y oportunidad del servicio.

El balance fue presentado días después de conocerse su salida del cargo, en medio de un proceso de transición en la entidad.
Rubiano afirmó que deja la Supersalud “con bases más sólidas para garantizar la vigilancia efectiva del sistema de salud y con una estructura fortalecida en transparencia y control”.
El Ministerio de Salud deberá designar en los próximos días a su reemplazo, quien continuará los procesos de inspección y auditoría en curso.

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A través de un comunicado publicado en su cuenta de X

Petro dio cumplimiento al fallo que lo obligaba a retirar sus afirmaciones, luego de que un juez de primera instancia y el Tribunal confirmaran que sus declaraciones vulneraron los derechos al buen nombre, honra y dignidad del fiscal.

El pronunciamiento del mandatario se da un año después de haber lanzado los señalamientos, cuando Burgos lideraba la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro. En ese entonces, el presidente acusó al fiscal, sin pruebas, de tener nexos con el narcotráfico y de proteger a personas vinculadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El Tribunal consideró que esas declaraciones no podían entenderse como simples opiniones políticas, sino como afirmaciones con peso institucional que afectaron la independencia judicial. “No puede perderse de vista que las afirmaciones del Presidente de la República (…) se dan en el marco del ejercicio de funciones de una autoridad judicial, como lo es el fiscal Burgos”, precisó el fallo.

Además de retractarse, Petro aprovechó su comunicado para cuestionar la reciente decisión del Consejo de Estado sobre la regulación de sus alocuciones, argumentando que se busca limitar su libertad de expresión como jefe de Estado.

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Tres hombres fueron enviados a un centro carcelario luego de ser capturados en flagrancia cuando transportaban a dos adolescentes de 17 años por una vía del departamento del Tolima. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los jóvenes habrían sido reclutados en Nariño con el propósito de integrarlos a un grupo armado vinculado a las disidencias de las Farc.

El operativo fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional en una carretera que conduce al municipio de Guamo. Durante la inspección, los uniformados hallaron brazaletes con símbolos alusivos a las disidencias, lo que despertó sospechas sobre el desplazamiento. Además, los dos menores no portaban documentos de identidad, situación que llevó a una verificación más detallada.

Las investigaciones permitieron establecer que los adolescentes habían sido trasladados desde Nariño hasta Tolima, donde serían entregados a una estructura armada ilegal. Los tres capturados fueron identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías por el delito de reclutamiento ilícito.

Una fiscal de la Seccional Tolima solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue concedida mientras avanza el proceso judicial. Los menores, por su parte, quedaron bajo la protección de una comisaría de familia, donde se activaron los protocolos de restablecimiento de derechos.

Este caso vuelve a poner en evidencia la persistencia del reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc en regiones afectadas por la violencia. Las autoridades destacaron que la presencia de brazaletes identificatorios entre los capturados refuerza la preocupación por la actividad de estas estructuras armadas en Nariño y Tolima.

Otras capturas

En paralelo, las fuerzas de seguridad informaron sobre otras operaciones recientes contra las disidencias, entre ellas la captura de alias Carla y alias Alex, señalados como líderes de la estructura Hernando González en el Huila. Alias Carla es considerada responsable del atentado con motocicleta bomba ocurrido el 17 de abril de 2025 en La Plata, que dejó dos muertos y más de 30 heridos.

Con estas acciones, la Policía, el Ejército y la Fiscalía buscan contener el avance de las disidencias y reforzar la protección de comunidades vulnerables frente a los delitos asociados al reclutamiento forzado.

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“Estamos ante un intento de la derecha por impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia. Solo las dictaduras son las que impiden que la Constitución se aplique”, escribió Petro en su cuenta de X, minutos después de conocerse la decisión judicial.

El fallo del Tribunal y sus implicaciones

El Tribunal negó una tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que había rechazado la inclusión de Colombia Humana dentro de la fusión de partidos que conforman el Pacto Histórico.

Aunque inicialmente se había concedido una medida cautelar que suspendía los efectos de esa decisión, el Tribunal decidió finalmente negar el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad, dejando en el aire la consulta del movimiento oficialista.

El fallo, emitido en primera instancia, aún puede ser apelado. No obstante, el trámite podría tardar hasta 20 días, lo que superaría la fecha prevista para la consulta.

Reacciones del Pacto Histórico

Tras conocerse la decisión, los tres precandidatos expresaron su rechazo.

El senador Iván Cepeda sostuvo que la derecha “quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico” y que le “teme a la movilización electoral” que el bloque está generando rumbo a 2026.

Carolina Corcho aseguró que “la negación de la tutela no nos detiene, al contrario, nos impulsa a seguir”, mientras que el exalcalde Daniel Quintero anunció que interpondrá una acción de nulidad: “Otra vez están tratando de tumbar la consulta. Un tribunal de Bogotá no concedió la acción de tutela para evitar que el CNE tumbe la consulta presidencial”.

Pese al revés jurídico, algunos juristas afirman que aún no estaría todo perdido: la consulta podría realizarse entre los partidos que integran la coalición —Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista—, aunque ya no como una consulta interna, sino interpartidista.

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La medida fue confirmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, luego de una reunión interinstitucional de emergencia en la que participaron el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; la Policía Nacional y otras entidades del Estado. El objetivo, según Gutiérrez, es fortalecer la protección del personal penitenciario y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales de los ataques.

Refuerzos de seguridad y dotación de armamento

Como parte de las decisiones adoptadas, el Inpec solicitó a Indumil la autorización para dotar con armamento a los funcionarios que cumplan con los requisitos legales. Además, se ordenó reforzar la seguridad en hospitales y establecer cierres perimetrales en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) priorizados.

También se anunció una inversión superior a los $2.000 millones para adquirir chalecos blindados, camisas balísticas y cascos, elementos que serán de uso obligatorio durante los traslados y operaciones de custodia. Según explicó el coronel Gutiérrez, la medida busca reducir el riesgo en los trayectos externos, donde se han registrado la mayoría de los ataques.

En paralelo, el Inpec activó un grupo especial de más de 300 hombres entrenados en operaciones de alto riesgo, distribuidos en seis bases a nivel nacional. Estas unidades contarán con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, que realizarán patrullajes conjuntos en zonas urbanas y rurales con presencia de amenazas.

Ola de atentados y plan pistola

Las medidas se adoptan tras una nueva seguidilla de atentados que, según cifras del Inpec, ya completa al menos una decena de acciones violentas en lo corrido del año.

El caso más reciente ocurrió el 4 de octubre en Armenia (Quindío), cuando un dragoneante fue atacado a bala a la salida de la cárcel San Bernardo. Aunque no hubo heridos, el hecho se suma al ocurrido días antes en Palmira (Valle del Cauca), donde un funcionario fue asesinado.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde un guardia perdió la vida en medio de un atentado que desató una alerta general en el cuerpo de custodia. Según versiones sindicales, los ataques harían parte de un “plan pistola” organizado por estructuras criminales que buscan intimidar al personal penitenciario.

El coronel Gutiérrez aseguró que, pese a la situación, no se suspenderán las visitas en los establecimientos carcelarios, aunque se mantendrán protocolos de vigilancia reforzada y acompañamiento psicosocial a las familias de las víctimas.

Grupo de investigación y acciones judiciales

Durante la reunión interinstitucional también se acordó la creación de un grupo especial de investigación integrado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional, con el fin de priorizar los casos y declarar como objetivos de alto valor a las estructuras criminales implicadas.

El Ministerio de Justicia informó que trabaja en un proyecto de política criminal con enfoque en seguridad carcelaria, que incluirá el uso de tecnologías para prevenir delitos y proteger la vida del personal del Inpec. Además, se plantearon acciones jurídicas para evitar decisiones judiciales que obstaculicen las investigaciones.

“Nuestra misión es proteger, prevenir y responder con firmeza para garantizar seguridad y bienestar a nuestros servidores penitenciarios”, señaló el Inpec en su comunicado oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para entregar información que ayude a identificar a los responsables de los atentados, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con las investigaciones.

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La entrada Gobierno paga hasta $50 millones por datos sobre ataques al Inpec se publicó primero en Revista poder.

De acuerdo con información conocida por Infobae Colombia, los hechos ocurrieron cuando el grupo armado ilegal ELNlanzó bombas artesanales no convencionales (“tatucos”) contra las instalaciones del Cantón Militar ubicado en el sector, provocando graves daños en la infraestructura y múltiples lesiones a los uniformados que se encontraban en el lugar.

Las Fuerzas Militares confirmaron que el ataque fue ejecutado por el GAO ELN “Camilo Cienfuegos”, perteneciente al Estado Mayor del Frente Domingo Laín Sáenz, una de las estructuras con mayor presencia en el nororiente del país. Los uniformados heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de Arauca, mientras se evalúa su estado de salud.

Este nuevo atentado recuerda el ocurrido en septiembre de 2024, cuando el ELN utilizó un camión tipo volqueta para lanzar artefactos explosivos improvisados contra las mismas instalaciones militares. En aquella ocasión, tres soldados perdieron la vida y 27 resultaron heridos, además de los severos daños materiales registrados en el cantón.

Días después de ese ataque, el grupo armado reivindicó el hecho mediante un comunicado, argumentando que hacía parte de su “accionar militar” frente al presunto “plan paramilitar” en la zona, y acusando al Ejército de proteger estructuras irregulares.

El presidente Gustavo Petro rechazó en su momento el atentado, calificándolo como una acción que “prácticamente cierra un proceso de paz con sangre”, en referencia al rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el ELN, lo que generó una crisis de seguridad en regiones como Arauca y el Catatumbo.ELN también retuvo a comisión de la ONU en el Catatumbo

ELN también retuvo a comisión de la ONU en el Catatumbo

El atentado en Arauca se conoció pocos días después del secuestro temporal de una delegación de la ONU en el Catatumbo, el pasado 30 de septiembre de 2025.
Según las autoridades, integrantes del ELN detuvieron en un retén ilegal a una comisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), cuando se desplazaban entre los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander.

Los funcionarios permanecieron retenidos cerca de 40 minutos mientras eran verificados por los insurgentes, sin que se registraran agresiones físicas o daños materiales. Finalmente, fueron liberados y llegaron a salvo a Tibú.

Estos hechos se suman a una escalada de violencia que ha puesto en entredicho la política de “Paz Total” del Gobierno Petro, duramente criticada por la oposición, que señala un aumento de la inseguridad en distintas regiones del país donde el ELN y otros grupos armados mantienen fuerte presencia.

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