Gremios de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) se movilizan para frenar la aplicación de nueva ley que los obligaría a costar seguros

En medio de un escenario de incertidumbre y debate, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y diversos gremios representativos de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) han presentado una solicitud conjunta ante la Corte Constitucional para evitar la implementación de la Ley 2283 de 2023 en lo que respeta a la imposición de seguros.

La controversia surge a raíz del análisis exhaustivo del artículo 6 de esta ley, que versa sobre las disposiciones en relación con los seguros. Fasecolda y los gremios de los CDA argumentan que esta normativa, aprobada por el Congreso de la República en enero de este año, presenta graves problemas en su formulación, tramitación y consecuencias, lo que hace necesario detener su aplicación.

Uno de los principales puntos de desacuerdo radica en la supuesta violación de la libertad de empresa. Según el texto de la ley, los Centros de Diagnóstico Automotor deben contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil con una entidad asegurada legalmente establecida en Colombia. Este seguro estaría diseñado para cubrir los daños materiales causados ​​a terceros por los vehículos de servicio particular sometidos a diagnóstico en dichos centros.

Además, la ley dispone que los CDA tienen la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de estos seguros en todos sus establecimientos. Sin embargo, Fasecolda y los gremios argumentan que esta imposición no solo contradice los principios fundamentales de la libertad empresarial, sino que también se ha construido con graves errores de procedimiento, vulnerando artículos clave de la Constitución Política, como los números 133, 161 y 158.

Luis Eduardo Clavijo, representante legal de Fasecolda, enfatiza en que este artículo de la ley en cuestión presenta deficiencias en su formación y tramitación, lo que hace que su aplicación tenga el potencial de causar un impacto negativo en la economía y en la dinámica operativa de los Centros de Diagnóstico Automotor.

La controversia en torno a esta ley y la solicitud de su no implementación marcan un capítulo importante en la intersección entre la regulación gubernamental y la libertad empresarial en Colombia. A medida que la Corte Constitucional considera los argumentos presentados por los gremios, se espera que se arroje luz sobre este tema y se determine si la mencionada ley será configurada o no en favor de los CDA y de la estabilidad del sector empresarial en el país.

Un debate candente ha surgido en el sector de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) a raíz de la reciente promulgación de la Ley 2283 de 2023, que establece la obligatoriedad de contratar seguros por parte de estos centros. En respuesta, Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos, ha expuesto una serie de argumentos que ponen en tela de juicio la aplicación de esta ley y resaltan supuestos vicios en su proceso legislativo.

Según Fasecolda, uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es el proceso de su trámite legislativo, que habría presentado irregularidades. Se alega que no se respetaron las fechas de publicación del texto conciliado ni los procedimientos adecuados para la votación de proyectos de ley. Además, se sostiene que la norma no mantuvo el principio de unidad de materia, lo que ha generado inquietudes sobre su validez y legalidad.

El artículo 6 de esta ley ha sido especialmente cuestionado por Fasecolda y los gremios de los CDA. Este artículo establece que los Centros de Diagnóstico Automotor deben ofrecer un seguro de responsabilidad civil extracontractual «sin carga o sobrecosto para el usuario». Sin embargo, esta disposición ha generado controversia, ya que implica que los CDA asumen el costo de esta póliza, en lugar de cobrarse directamente a los usuarios como se hacía anteriormente.

Otra crítica importante se refiere al principio de igualdad. El artículo 6 establece un trato diferencial entre propietarios de vehículos nuevos y propietarios de vehículos con más de 5 años de antigüedad. Esto ha sido catalogado como una violación al principio de igualdad, ya que se otorga un beneficio a un sector de la población en detrimento de otro, sin justificación clara.

En resumen, el sector de los Centros de Diagnóstico Automotor está en pie de guerra contra la nueva ley de seguros, y Fasecolda ha presentado argumentos sólidos que cuestionan tanto su proceso de aprobación como su impacto en la economía y operatividad de los CDA. El debate promete continuar mientras se espera una respuesta de la Corte Constitucional.

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