Gobierno radica mensaje de urgencia para reforma laboral

Pese al hundimiento de su reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno de Gustavo Petro no renuncia a su propósito de transformar las condiciones laborales en Colombia. A través del ministro del Interior, Armando Benedetti, se radicó un mensaje de urgencia e insistencia al proyecto alternativo del Partido Liberal, que recoge solo dos de los doce puntos de la propuesta original. Esta maniobra busca acelerar su discusión en el Congreso, sin descartar la convocatoria a una consulta popular.

El proyecto liberal, respaldado por la bancada roja, propone aumentar el pago por trabajo en domingos y festivos al 100% y adelantar una hora la jornada nocturna para efectos salariales, fijándose a partir de las 8:00 p.m. No obstante, el Gobierno ha manifestado su intención de incluir más artículos en esta iniciativa para acercarla a su versión inicial, lo que podría abrir una nueva etapa de negociación política. La inclusión parcial de sus propuestas, sin embargo, no satisface del todo al Ejecutivo, que sigue apostando por una vía plebiscitaria.

La consulta popular que Petro presentará el 1° de mayo contiene 12 preguntas centradas en derechos laborales y remuneración justa. El presidente ha advertido que si el Senado no se pronuncia en los próximos 30 días, podrá convocarla por decreto. Esta declaración ha sido interpretada como una advertencia directa al Congreso, que ya fue blanco de sus críticas por el papel de algunos senadores en el hundimiento de la reforma. Petro cuestionó con dureza la designación del senador Miguel Ángel Pinto como ponente del nuevo proyecto, recordando que él mismo fue uno de sus opositores más visibles.

Detrás de este mensaje de urgencia

En el fondo, lo que está en juego es más que una discusión técnica sobre horas extra: se trata de una batalla de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras algunos sectores ven en la «mini reforma» una vía viable para atender las demandas de los trabajadores sin afectar el empleo formal, otros consideran que su alcance es insuficiente y que la consulta popular es el único camino legítimo para destrabar el debate. El Banco de la República, por su parte, ha advertido que un aumento en los costos salariales podría implicar la pérdida de hasta 746.000 empleos en los próximos años.

Con un Congreso dividido y un ambiente político polarizado, el futuro de cualquier reforma laboral dependerá de la capacidad del Gobierno para tejer acuerdos más amplios. Por ahora, el mensaje de urgencia permite mantener viva la discusión, pero la consulta popular se perfila como una estrategia paralela —y posiblemente confrontacional— para intentar imponer, desde las urnas, lo que no ha podido conseguir en el Capitolio.

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